La CNMC sanciona con 54 millones a un cártel de empresas industriales

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado con 54,26 millones de euros a 19 empresas que conformaban un cártel de montaje y mantenimiento industrial. La organización, que ha quedado desmantelada, fue creada para encarecer los servicios prestados a empresas del sector energético y  petroquímico.

Entre las empresas multadas figuran dos filiales de ACS. De hecho, la mayor sanción ha recaído sobre una de ellas, Mantenimiento y Montajes Industriales (MASA), con 14,64 millones de euros, mientras que la otra, Mantenimiento y Ayuda a la Explotación y Servicios (MAESSA), ha sido sancionada con 3,49 millones de euros.

Reparto de clientes y licitaciones

Junto a ellas figuran otras empresas como Duro Felguera Operaciones y Montajes, con una multa de 1,32 millones de euros, y Sacyr Nervión, con una sanción de 1,16 millones de euros.

El ente regulador apunta a que estas empresas crearon un entramado para repartirse clientes y licitaciones, intercambiar información sensible con sus competidores, realizar ofertas de cobertura, fijar compensaciones y precios. La CNMC estima que el cártel operaba desde el 18 de enero de 2001 hasta julio de 2017, tiempo en el que se repartió al menos 746 licitaciones.

Prohibición de contración pública

La CNMC ha puesto la sanción en conocimiento de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado para que las empresas del cártel tengan prohibido contratar con el sector público. Se salvan las que solicitaron acogerse al Programa de Clemencia de la CNMC, que vigilará a las compañías para que no vuelvan a repetir esta conducto ilícita.

El modus operandi de la trama fue evolucionando debido a su larga duración. En una primera etapa, la empresa designada para ser la adjudicataria de la obra daba sus precios para que fueran elevados por las demás mediante ofertas de cobertura hasta un cierto porcentaje.

Mecanismos de contacto

En una etapa posterior, explica la CNMC, las empresas se intercambiaban versiones de archivos 'Excel', que iban rellenando cada una con los precios y las ofertas de cobertura. Posteriormente, establecieron códigos propios, como números o siglas para las empresas participantes, indicando con un sí o con un no, si las empresas participaban en una licitación concreta.

Los mecanismos de contacto entre los partícipes de la trama también fueron evolucionando a lo largo de 17 años para dificultar su detección, desde faxes, contactos telefónicos, hasta WhatsApp o correos electrónicos.