Aragonès firma un convenio con sus ‘compañeros de piso’

Repartir los gastos de servicios comunes y suministros como ocurre con los compañeros de piso. Esto es lo que han hecho la vicepresidencia de Economía, encabezada por Pere Aragonès (ERC); la Sindicatura de Cuentas, presidida por Jaume Amat; y el Servei Català de Tránsit, dirigida por Juli Gendrau (JxCat), con el último convenio de colaboración que han firmado las tres instituciones.

En este documento, la vicepresidencia y las empresas públicas se reparten el pago de más de 1,77 millones de euros que la primera ha abonado entre 2017 y 2018 por las oficinas situadas en el número 60 de Vía Laietana de Barcelona. El departamento liderado por Aragonès es el que ha sufragado las cantidades, pero como se reparte el espacio desde hace dos años, se debía aprobar una distribución equitativa de servicios como la limpieza, la vigilancia o el agua y la electricidad entre todos los inquilinos.

Superficie que ocupan

Se ha usado como base la superficie que cada una de las entidades ocupa en las dependencias públicas. Casi el 78% del espacio está destinado a personal de la Sindicatura de Cuentas, por lo que es la institución que asume la mayor parte de la factura final. Otro 14% corre a cargo del Servei Català de Trànsit y casi el 9% restante está ocupado por la Autoridad Catalana de la Competencia (Acco), un organismo que depende de forma directa de Economía y Hacienda.

Esta misma pauta se ha usado para el reparto del precio del arrendamiento del espacio, que también abona la vicepresidencia liderada por Aragonès de forma inicial. El alquiler ascendió a los 1,07 millones en 2017, superó los 1,08 millones un año después y se ha quedado en los 460.000 euros hasta mayo del año en curso, el último mes que se recoge en el convenio rubricado.

Adecuación de la oficina

Por otro lado, la Sindicatura de Cuentas ha asumido como propias las “obras de adecuación” de las oficinas donde se trasladaron el 1 de enero de 2017. El importe total es de poco más de 2,03 millones en el mismo periodo y se pagará a través de una “minoración de las obligaciones ya reconocidas y pendientes de hacerse efectivas”.

Es decir, de las “transferencias que desde la Tesorería de la Generalitat se hacen” como dotación presupuestaria reconocidas al organismo. Así lo indica otro convenio que se ha firmado a parte.

Ocho años de vigencia

El reparto de las obligaciones económicas entre las tres entidades se ha aplicado de forma retroactiva por cuatro años. El convenio no decaerá en 2020, ya que se prolongará de forma automática otros cuatro años más.

Por el momento, no se prevé mover de nuevo de oficina al personal de la Autoridad Catalana de la Competencia, la Sindicatura ni el Servei Català del Trànsit.