El ‘cártel del pescado’ de Mercabarna acaba ante el TSJC

El Gremio de Consignatarios del Mercado Central de Pescados y Mariscos Frescos y Congelados de Barcelona y Provincia ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra la multa que Competencia le interpuso a finales de junio. La sanción no era precisamente menor, superaba los 2,6 millones de euros al considerar probado la asfixia al mercado libre que los mayoristas realizaban con sus prácticas comerciales.

“La conducta realizada consiste en la fijación de condiciones comerciales en el seno de una entidad asociativa de operaciones económicos independientes con efectos similares a los de un acuerdo horizontal entre empresas”, señala el expediente sancionador de la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO). Certifica que esta conducta “especialmente lesiva” se produjo de forma ininterrumpida entre 2011 y 2018.

Tarjeta gremial

El conflicto tiene su origen en la imposición de una “tarjeta gremial necesaria para realizar transacciones en el Mercado Central de Pescado” que se estableció de forma obligatoria para todos los compradores a partir del 21 de febrero de 2012. Funciona como una identificación para los minoristas y “permite pagar a crédito, al contado y mediante la Caja Gremial, siendo este último, en la práctica, el mecanismo más habitual”.

Las pesquisas que ha realizado el presidente de la ACCO, Marcel Coderch, demostraron que el gremio impuso desde su implantación “unos requisitos económicos comunes (avales, depósitos y fianzas) a los compradores” que eran de obligado cumplimiento y que se han modificado a lo largo de los años.

Fianzas a los compradores

Hasta 2014, se requerían avales bancarios entre 6.000 y 18.000 euros según si el cliente era una persona física o jurídica y un depósito en efectivo de la misma cantidad. A los individuales se les aplicaba otro depósito fraccionado de 6.000 euros, de los que se pagaban 1.000 euros en el momento de la entrega de la documentación y se retenía de forma paulatina el 5% de la facturación hasta llegar a la cantidad establecida.

Después, se rebajaron las exigencias. Entre 2014 y 2016 se permitió el pago al contado con un solo depósito de 1.000 euros que desapareció en octubre de ese año. El gremio pactó entonces imponer a los compradores una fianza obligatoria de 300 euros por la emisión de la tarjeta sin tener en cuenta la forma de pago. En junio de 2017 se eliminaron las garantías asociadas (el aval, el depósito en efectivo y el fraccionado) y se cambian por asignaciones de riesgo con límites para cada uno de los clientes.

Gestión de la morosidad

Todos estos requisitos económicos “se han impuesto a la totalidad de los compradores que quieran adquirir productos en cualquiera de los mayoristas del Mercado Central del Pescado” y se mantenían cuando se inició la investigación.

Además, el gremio había pactado una política común para luchar contra la morosidad. Decidió que todos los establecimientos dejarían de vender productos a los que tenían facturas al descubierto, los clientes que perdían de forma automática la tarjeta gremial. Incluso se llegó a fichar a personal que se dedicaba de forma exclusiva a gestionar los listados de morosos.

Prácticas colectivas

La ACCO concluye que controlar los impagados con un sistema informático ad hoc no supone ninguna vulneración del libre mercado. Pero diferencia “entre lo que consiste propiamente en la creación de un registro de morosos y el hecho de que sirva de instrumento para la fijación de una actitud colectiva” de todos los mayoristas del mercado.

También ha decretado que no existe ningún problema en implementar una “tarjeta de comprador de Caja Gremial y de un sistema único de pago/facturación”. Pero en este caso se ha superado el límite al implementar la “obligatoriedad y universalidad impuesta del procedimiento de cobro y facturación”.

Libertad de los agremiados

Mantiene que “restringe la libertad de los agremiados para adherirse o no al sistema y, por lo tanto, aplicar sus políticas comerciales propias en relación a las condiciones en las condiciones que se realizan las transacción”.

Todo ello, agravado porque el mercado de pescado de Mercabarna es el único con un perfil similar en toda Cataluña. Alcanza una cuota del 45% y vende cada año 100,1 toneladas de productos frescos. Sólo el 11,2% de toda esta mercancía proviene de la autonomía, una cifra que es aún más baja en el producto congelado, hecho que le refuerza como punto de venta de referencia sin competidor igual.

Homogeneizar la política comercial

“La conducta del gremio supone una homogeneización de la política comercial de los mayoristas agremiados, considerados como operadores económicos independientes”, concluye la ACCO en su informe sancionador. Los 2,6 millones de multa equivalen al 0,3% del volumen de negocio agregado de todos sus miembros en 2017, una cantidad que se intentará evitar pagar ante el TSJC. Los vendedores aseguran que sus prácticas comerciales no han sido ni son lesivas y mantendrán sus alegaciones ante el juez.

Competencia inició la investigación tras una queja que el Gremio de Peixaters de Cataluña interpuso ante la dirección general de Mercabarna en 2017. Los gestores del polígono dedicado a la alimentación promovieron unas diligencias informativas que decidieron trasladar al regulador de la competencia catalán. La investigación se ha prolongado dos años y se espera que la instrucción judicial sea igualmente extensa.