El conflicto laboral que se vive en la empresa de seguridad privada Ombuds ha obligado al Ayuntamiento de Barcelona a tomar una decisión salomónica este verano. La huelga indefinida de los vigilantes ha afectado al Instituto Municipal de la Vivienda y Rehabilitación (IMHAB), que ha cerrado sus dependencias en el barrio de Ciutat Vella.

Fuentes municipales reconocen que no se podía garantizar la seguridad de los trabajadores que estaban en la oficina situada en la Rambla del Raval. Por este motivo se les ha trasladado de forma temporal hasta el punto de atención al público ubicado en el Eixample, algo que ha enervado a los vecinos que denuncian de forma reiterada el repunte de la delincuencia en el barrio.

Vigilancia de la Guardia Urbana

La primera medida que se implementó para capear la crisis fue que las patrullas de la Guardia Urbana que están en el Raval pasaran de forma habitual por delante de las oficinas. Pero el sistema no era el más efectivo por ninguna de las partes, añaden fuentes sindicales, y por esto se optó por cerrar de forma temporal las dependencias.

Cabe tener en cuenta que la dirección del IMHAB, encabezada por Àngels Mira, inició tras los primeros días del conflicto un expediente de rescisión de contrato a Ombuds. Certificó que se incumplían las condiciones de la concesión, ya que el impago de las nóminas del grupo quebrado a sus trabajadores desencadenó la huelga indefinida y no se prestaba el servicio. Con todo, el proceso se ha frenado con las vacaciones de verano.

Rescisión del contrato

El sindicato mayoritario del sector, ADN Sindical, denuncia que la cúpula ha dejado a medias este trabajo y que desde la empresa se les ha informado de que no se retomará el proceso hasta finales de mes. Con todo, otras fuentes cercanas al IMHAB apuntan a que pesa la declaración del concurso de acreedores y el nombramiento del bufete Baker Tilly como administrador de la quiebra.

Los pasos que se han seguido hasta la fecha han agravado aún más el conflicto laboral. Los representantes de los trabajadores aseguran que los letrados mercantiles se han limitado a seguir la normativa vigente que obliga a pagar el trabajo efectivo de los últimos 30 días.

Los vigilantes, en manos de Fogasa

El equipo legal encabezado por Ferran Zaragoza ya les ha comunicado que para cobrar el resto deben recurrir al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). Con todo, no comunicará los salarios adeudados hasta que no complete la lista de acreedores de Ombuds y determine tanto el volumen total del pasivo como los fondos y activos que dispone para poder compensarlo.

El malestar judicial se ha traducido en un conflicto colectivo en Cataluña que se dirimirá en las próximas semanas. Si no se consigue un pacto para liquidar las retribuciones pendientes, los vigilantes de seguridad aseguran que están dispuestos a recurrir a los tribunales. El ayuntamiento y otras dependencias públicas como la Ciudad de la Justicia de Barcelona se han quedado sin vigilancia privada por esta situación.