El administrador concursal de Ombuds, el bufete Baker Tilly, deberá emplearse a fondo en los próximos días para retener el contrato de vigilancia de seguridad privada en la Ciutat de la Justícia de Barcelona. La Generalitat ha dado un ultimátum a los letrados para que cierren el conflicto laboral que mantienen en la infraestructura y presten de nuevo el servicio con todas sus garantías.

La rescisión de esta concesión hace días que planea en la compañía de la familia Cortina y el fondo JZI. El proceso se inició poco después de que los vigilantes de seguridad se sumaran a la huelga indefinida convocada por ADN Sindical, que empezó el 17 de julio. La falta de efectivos en los filtros de la entrada llevó a que se tuviera que cerrar uno de los accesos al edificio y el colapso se convirtió en lo habitual en las horas punta.

Prestación del servicio

Es decir, Ombuds no puede prestar el servicio por falta de efectivos. Esta imposibilidad de cumplir con el objeto de la concesión le propicia perder el contrato, como ya ha ocurrido con Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), Ifema o Carrefour. Con todo, el departamento negoció con la empresa y le reclamó si podía ofrecer una fecha de pagos real para liquidar sus obligaciones con los trabajadores y acabar con la huelga. Cabe tener en cuenta que al principio del conflicto laboral el grupo logró avanzar algún pago que calmó la situación en los primeras jornadas.

En las últimas semanas la situación de Ombuds ha dado un giro radical. Los Cortina y JZI se han acogido al concurso de acreedores voluntario y la magistrada del Juzgado de lo Mercantil 13 de Madrid, Bárbara Córdoba, ha puesto al frente de la compañía a un equipo de Baker Tilly encabezado por Ferran Zaragoza.

Presentación de alegaciones

El equipo legal ha empezado a trabajar para intentar sacar a flote al grupo y conseguir que los 8.000 trabajadores de todo el país cobren el máximo posible de sus atrasos. Con todo, se ha consumido el plazo que la consejería de Justicia dejó para defender el contrato de los filtros de seguridad del edificio de Barcelona y no se han presentado alegaciones. Si esto no se solventa en los próximos días procederán a resolver la concesión.

Al estar justificada por la falta de prestación del servicio derivado de los impagos a la plantilla y no por el hecho de la quiebra del grupo, cumple las directrices que dio la magistrada que gestiona la insolvencia para evitar la fuga de clientes. Asimismo, añadiría más presión al grupo en Cataluña.

Amenaza a los empleados de baja

Ombuds intenta poner punto y final a la protesta laboral en la comunidad. El último movimiento que han hecho los antiguos gestores del grupo es anunciar que solicitarán al administrador concursal permiso para que la mutua del grupo “evalúe el estado de salud” de los empleados que están con una baja médica y que “emita propuesta de alta médica de acuerdo con las competencias” que le otorga la ley en los casos que sea preciso. Además, amenaza con “acciones legales” contra los que asegura que han cometido un fraude.

Así lo indica una circular que han recibido todos los empleados que están de baja médica. El resultado del documento es que ha tensionado aún más las relaciones entre la antigua dirección del grupo y la plantilla en Cataluña. La huelga indefinida se mantiene.