Barcelona estructura la gestión de la vivienda social

El Ayuntamiento de Barcelona, gobernado por Barcelona en Comú (BComú) y el PSC, está en proceso de estructurar la gestión de la vivienda social de la ciudad de los próximos años. Con este fin, el recién creado Instituto Municipal de la Vivienda y Rehabilitación (Imhab) saca a concurso tres contratos, valorados en su totalidad en más de 5,65 millones de euros.

El Imhab busca, para empezar, una empresa que inspeccione las viviendas y elabore informes técnicos de las casas y pisos que los bancos se quieran sacar de encima y que podría comprar el Ayuntamiento de Barcelona ejerciendo los derechos de tanteo y retracto, con el objetivo de destinarlos a vivienda social. Este servicio incluye la supervisión técnica de las posibles obras. El valor de este contrato, para dos años, asciende a 850.000 euros.

Bolsa de alquiler y emergencia social

El instituto también necesita una empresa que preste servicios de apoyo interno y de gestión administrativa de las inscripciones en el Registro de solicitantes de vivienda con protección oficial de Barcelona, así como que tramite la adjudicación de estas viviendas a los alistados y a las personas en emergencia y riesgo de exclusión residencial. Se trata de un contrato de cuatro años (2+1+1) valorado en más de 2,1 millones de euros.

Finalmente, el Imhab saca a concurso el servicio de gestión de la bolsa de vivienda de alquiler de Barcelona, un contrato valorado en cerca de 2,7 millones de euros para cuatro años (2+2). Los procesos de licitación y adjudicación en los tres casos comenzarán a mediados de septiembre.

Promesas incumplidas

El equipo de BComú, liderado por Ada Colau, creó en 2018 el Imhab, heredero del Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona (PMHB por sus siglas en catalán), con el objetivo de agilizar trámites y llevar a buen puerto el Plan por el Derecho a la Vivienda 2016-25. Un plan que persigue garantizar la función social de la vivienda y avanzar en la construcción de un servicio público en este ámbito, y que afronta retos como las dificultades de pagar el alquiler, los problemas de los jóvenes para encontrar piso y el auge de los alojamientos turísticos en detrimento de lugares para vivir, entre otros.

En resumidas cuentas, se trata de un organismo que integra todos los servicios relacionados con las políticas de vivienda para que la ciudadanía pueda acceder a ella de manera más directa, e incorpora servicios y departamentos municipales que se encontraban en la empresa pública Bagursa. Con todo, no hay que olvidar que Colau pinchó con sus promesas electorales en el primer mandato: pretendía ampliar el parque público en 8.000 viviendas (de nueva construcción y de gestión municipal), pero apenas entregó alrededor de un millar.