La Generalitat pide a los privados que construyan vivienda pública

La directora de la Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC), Judith Gifreu, ha solicitado a las empresas privadas que se lancen a la construcción de viviendas de protección oficial (VPO).

La ejecutiva, próxima a JxCat, ha apostado por abrir el melón de la colaboración público-privada para solucionar el problema endémico de la “escasez” del parque de inmuebles de titularidad pública. La falta de efectivos es una de las carencias que arrastra el Gobierno catalán en los últimos años. Algunos actores destacados del sector, como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), han criticado la falta de recursos para activar nuevas promociones. De hecho, los grandes proyectos en este sentido vienen de la atapa del tripartito.

“Corresponsabilizar” al empresariado

Gifreu ha lanzado su propuesta al sector privado en su intervención en la jornada El mercado inmobiliario y residencial de alquiler en Cataluña organizado por la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Barcelona (Apce). Ha reconocido que el actual parque público de la Generalitat es “muy escaso”, al entorno del 2% del total de los activos inmobiliarios del territorio, y que la cifra está por debajo de lo que ocurre en las principales ciudades y países de la Unión Europea. Por todo ello, señala que la mejor forma de abordar la cuestión pasa por “corresponsabilizar” al empresariado catalán de este problema.

La directora de la Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC), Judith Gifreu / GENCAT

“Trabajamos en la liberación de suelo, una apuesta para que el sector privado vea ventajas en encargarse de una promoción de vivienda”, ha explicado. Confirma de este modo que la captación de inversión para realizar los proyectos también pasa por adaptar la regulación urbanística.

Tanteo y retracto

Asimismo, ha remarcado la necesidad de trabajar en un ambiente de “seguridad jurídica” sin “sorpresas normativas”. Responde de esta forma a una de las demandas del sector, aunque lo hace pocos días después de que se aprobase un decreto ley que presuntamente regulará el precio de las viviendas en alquiler en Cataluña, aunque el propio Sindicat de Llogaters ha advertido de que su impacto real será casi nulo.

Gifreu ha avanzado que la colaboración público-privada que defiende pasa porque la Administración ejecute su derecho de tanteo y retracto. Ha justificado que es la mejor opción para que la Generalitat disponga de activos “de hoy para mañana”.