Cabify ha perdido un 53% de clientes en Cataluña por las trabas que le están imponiendo la Generalitat de Cataluña, por un lado, y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), por el otro. La plataforma ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para desactivar el reglamento de explotación de los vehículos de transporte con conductor (VTC), que entra hoy en vigor en los 36 municipios de la conurbación de Barcelona más la ciudad condal.
En el escrito, al que ha tenido acceso este medio, la tecnológica alerta de que "desde que se encuentra vigente la obligación de que transcurra un intervalo mínimo de precontratación de 15 minutos entre la contratación del servicio ofrecido por Prestige --participada de Cabify-- y el inicio del primer trayecto, la capacidad de captación de nuevos usuarios de la compañía ha disminuido un 53%". Para ilustrarlo, la intermediaria de transporte aporta cifras. En septiembre de 2018, antes de la reglamentación, presentaba 19.184 nuevos usuarios registrados. La cifra alcanzó las 22.479 nuevas altas en diciembre del mismo año. En junio de 2019 el guarismo ha caído a 13.565, con batacazos como el del mes de marzo --tras la aprobación de los 15 minutos por parte del Govern-- cuando apenas 6.289 nuevos clientes se registraron en la app en Cataluña.
Caída adicional del 70%
En el escrito presentado ante el TSJC, la plataforma avisa de que si entra en vigor el reglamento del AMB el crecimiento de la base usuarios disminuiría un 17%. Habría también un descenso del 70% en los ingresos de la compañía. Ello es así porque uno de cada cinco usuarios de Cabify, aproximadamente, inician su primer trayecto entre el minuto 15 y el 60 posteriores a su registro en la intermediaria de transporte. Si bien esa precontratación ha sido suspendida cautelarmente por el TSJC, el resto del reglamento sigue en vigor. Precisamente, la cláusula que fija días de descanso obligatorios, aún en vigor, también dañaría la actividad de la operadora. Advierte la app que recortaría un 50% sus ingresos y obligaría a despedir a 43 personas.
Asimismo, Cabify preve un grave impacto sobre la plantila de 71 personas que emplea Prestige; los 23 que están en nómina de Fumages; los 22 que trabajan para VCP; lo 8 de Proinvertia y los 20 de RTB, todas ellas colaboradoras. Su personal, pues, "se vería igualmente en un evidente y grave riesgo de perder sus puestos de trabajo de entrar en vigor el reglamento", razona la tecnológica.
Reglamento a medias, en vigor
El escrito de Cabify entrado al TSJC viene formado por Ángel Quemada, del bufete Quemada y decando del Colegio barcelonés de Procuradores de los Tribunales. El recurso ha sido dado a conocer el día en el que ha entrado en vigor el reglamento metropolitano de explotación de los VTC que aprobó el Área Metropolitana a cinco días de las elecciones. Si bien la instancia judicial ha desactivado el núcleo de la norma, la obligatoriedad de precontratar con 60 minutos de antelación, las cláusulas menores continúan. Éstas imponen obstáculos menores pero igualmente gravosos para Cabify --Uber se retiró de Barcelona cuando el Govern aprobó el primer límite de precontratar con 15 minutos de antelación en febrero-- como la prohibición de geolocalizar; la de captar a pasajeros en la calle, días de descanso obligatorios y turnos acotados para los conductores.
Cabe recordar que el reglamento metropolitano fue una exigencia del colectivo de taxistas al AMB, que preside aún la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Los conductores consiguieron que la institución supramunicipal impusiera más trabas a Uber y Cabify tras el decreto del Govern que obligaba a las apps a precontratar con 15 minutos de antelación. Votaron a favor Entesa (Barcelona en Comú), CUP y el PSC. En contra, Ciudadanos y PP. Junts per Catalunya y ERC se abstuvieron.