El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha aceptado que 12 acusaciones particulares tengan voz en el juicio del caso Banco Popular que se iniciará en octubre. Finalmente, ha sumado otros dos equipos legales a los intereses de los clientes de la entidad que perdieron todos sus ahorros con la quiebra y la posterior compra por un euro de la entidad por parte de Banco Santander.
El titular del juzgado central de Instrucción número 4 anunció a principios de mayo que de las 142 acusaciones que se habían personado a la causa, tan sólo diez estarían presentes en el procedimiento. Justificó que era la cifra idónea para facilitar el desarrollo de las comparecencias, hecho que fue respondido por un alud de recursos de los afectados que se habían quedado fuera. Ha aceptado tan sólo dos de ellos.
Grandes inversores y asociaciones
Los acusados de la presunta mala gestión que llevó al colapso de Banco Popular deberán responder a las preguntas de 12 abogados de la acusación particular durante el juicio. El resto de representaciones designadas deberán sumarse a alguno de estos procedimientos, igual que los nuevos afectados que quieran unirse a la causa.
El juez Calama ha primado en esta criba a los grandes inversores de la entidad, los fondos o los tenedores de acciones que superen el millón de euros. También ha priorizado a las asociaciones de afectados, que ya de por sí agrupan los intereses de varios particulares.
Puerta de entrada a la Audiencia Nacional donde declaran los CDR detenidos / EFE
Fechas del juicio
Las declaraciones del caso Banco Popular se iniciarán en octubre. El titular del juzgado ha previsto dos días para las declaraciones de los cuatro principales imputados en la causa. Empezarán los dos últimos presidentes del grupo financiero. Emilio Saracho se sentará en el banquillo de los acusados el 2 y 3 de octubre, una semana antes de que haga lo propio Ángel Ron, el líder histórico de la entidad.
Ambos comparecerán en calidad de investigados (la antigua imputación). Además, el magistrado rechazó en el calendario fijado a mediados de junio posponer las citaciones por problemas de incompatibilidad de sus letrados.
Cerrarán el mes de comparecencias los dos exconsejeros delegados de Banco Popular, que también están investigados en la causa. Se trata de Francisco Gómez, que está citado el 15 y el 16 de octubre, y Roberto Higuera, que comparecerá los días 30 y 31.
Dos años de instrucción
El caso Banco Popular se inició hace dos años. La Audiencia Nacional lo ha dividido en dos piezas separadas, una que fiscaliza la ampliación de capital que Ron lanzó en 2016 para fortalecer los fondos de la entidad y una segunda que aborda el posible caso de manipulación de mercado. La antigua cúpula de la entidad es acusada de publicar informaciones que incluían datos falsos para hacer caer el valor de las acciones y obtener beneficios tras el relevo.
La batalla legal de fondo que se mantiene es la de demostrar que el banco quebrado arrastraba problemas de solvencia desde 2011. Por lo que se busca que la causa legal también analice la pulcritud de las decisiones que los gestores tomaron como mínimo desde 2012 para intentar restablecer la situación.