ICL Iberia, la antigua Iberpotash, reunirá a primeras espadas de la política y los agentes económicos y sociales catalanes este sábado para celebrar por todo lo alto que dejará de verter residuos salinos en El Cogulló, la montaña más alta de la comarca del Bages (Barcelona), que se usaba como escombrera de la mina de potasa de Sallent.
La fiesta tiene su origen en una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que ya levantó polvareda hace dos años. La sección tercera de la sala de lo Contencioso Administrativo resolvió en menos de 24 horas estimar de forma parcial la moratoria in extremis que la multinacional había presentado para evitar el cierre de la mina. La sentencia se dio a conocer el 30 de julio de 2017 y ofrecía al grupo dos años más de margen para cumplir con las sentencias que acumulaba en su contra y que lo obligaban a acabar con los vertidos e iniciar la valorización del monte.
Transporte de los residuos en camión
Ahora, la situación en la mina de potasa sigue igual. ICL mantendrá la explotación de Sallent abierta como mínimo dos años más, ya que los retrasos acumulados en la adecuación del pozo de Súria le imposibilitan centralizar la actividad en esa zona tal y como le obligó la justicia. Aún se deben solucionar los problemas en la ampliación de los accesos, los fallos en el proyecto de construcción de una macrorrampa que permitirá ampliar la producción.
La principal diferencia operativa que se vivirá a partir del próximo lunes es que si hasta ahora el residuo salino que se generaba durante la extracción de potasa iba a parar a El Cogulló, desde el 1 de julio se trasladará en camión hasta El Fustaret, la escombrera de la mina vecina. El Gobierno catalán dio hace un mes los permisos necesario para que se amplíe en un 40% su dimensión.
Sal para el deshielo que ICL Iberia consigue de los residuos salinos de la potasa de sus minas catalanas / ICL Iberia
Valorización por disolución de El Fustaret
Minimizar el impacto de la actividad sobre el medio es aún el gran reto de ICL Iberia en la zona. El mismo que arrastra desde hace décadas y que le ha generado (junto a la Generalitat) una judicialización de sus actuaciones poco habitual. El nuevo conflicto del que es partícipe, aunque de forma colateral, es debido a los cambios que se han introducido en la nueva ordenación urbanística de la zona.
La Generalitat ha dado luz verde en el redactado del plan a que la valorización de la montaña de sal que está acumulada en El Fustaret se ejecute mediante su disolución en agua para su posterior vertido al mar. Se trata de una opción factible desde el punto de vista industrial, pero choca con la carencia de recursos hídricos característica de Cataluña (y de España), hecho que ha propiciado que los ambientalistas y los vecinos de la zona enciendan de nuevo las alarmas.
Falta de agua
Se advierte de que la estrategia descrita sobre el papel pone en un compromiso incluso el caudal del río Llobregat. Apunta a que se debe diluir un millón de toneladas de residuos salinos al año durante medio siglo, una ratio que para cumplirse aseguran que se requeriría el uso de un hectómetro cúbico de agua anual tal y como lamentan desde asociaciones ambientalistas.
El plan explica que estos recursos saldrán de las depuradoras municipales de la zona y ya ha sido respondido por las asociaciones de vecinos que desde hace años mantienen viva la pugna judicial contra la compañía. La lucha que se mantiene en varios tribunales.
El conflicto latente será el invitado de piedra de la celebración de la nueva etapa que se abre en una empresa que da trabajo a unos 350 trabajadores en la comarca del Bages. Se calcula que su facturación supera los 280 millones, aunque la empresa aún no ha divulgado los datos oficiales del cierre del ejercicio 2018.