El TSJC obliga a Iberpotash a desmontar la montaña de sal de Sallent

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dado otro giro al conflicto histórico que genera la actividad minera de Iberpotash en la comarca del Bages. La sección de lo contencioso-administrativo ha publicado esta semana una interlocutoria en la que ratifica que la multinacional israelí debe desmontar la montaña de sal que está frente al municipio de Sallent, el depósito de Cogulló.

Se trata del monte más alto de a comarca y está formado por residuos salinos, los deshechos de la extracción de potasa. ICL Iberia, el nombre de la filial, había anunciado que estaba dispuesta a valorizar el monte en el marco del llamado Plan Phoenix. Incluso puso en marcha un centro de trabajo para transformar la colosal escombrera en sal vacumm, un producto con otras salidas comerciales en el mercado como el uso en procesos químico o para deshacer el hielo en las carreteras.

Actuación sin condicionantes

Los responsables de la compañía tenían la intención de actuar y cumplir con las resoluciones judiciales anteriores, que les obligaba a la reparación de los residuos. El problema es que nunca publicaron un calendario con un compromiso en firme y puso ciertos condicionantes a la valorización iniciada. Básicamente, que la actuación tuviera un sentido comercial.

Todo ello ha quedado enmendado en el tribunal. Los vecinos de Mas Rampinya, los denunciantes, señalaron que estos límites aplicados por ICL no tenían encaje en las resoluciones judiciales anteriores. Promovieron el incidente de ejecución de sentencia que ahora les ha dado la razón con este fin. Para que el TSJC les obligara a actuar y reparar la montaña de deshechos salinos sin ninguna prerrogativa al respecto.

Seis meses de margen

Mantienen que los residuos suponen un problema medioambiental para la zona y que la multinacional minera debe actuar no sólo para desmontar la escombrera, también exigen una reparación medioambiental de la zona.

La justicia les ha dado la razón, aunque sin ahogar a los privados. El TJSC obligará a Iberpotash a actuar en el Cogulló a partir del próximo junio, el mismo mes en que deberá cerrar la mina de potasa de Sallent y trasladar toda la actividad minera en la localidad de Súria, situada en la misma zona. Así se decretó en otro contencioso que se dirimió en la sección contenciosa hace dos años.

Concentrar la actividad en Súria

En este momento, los magistrados decidieron prolongar la actividad extractiva de ICL un año más con una prórroga de 12 meses en una de las resoluciones que han supuesto un hito de rapidez inaudito en el TSJC. Se publicó en poco más de 24 horas, y supuso un balón de oxígeno para la multinacional.

Iberpotash se había quedado sin las licencias necesarias para trabajar en Sallent en los tribunales. La batalla judicial emprendida por los vecinos y organizaciones ambientalistas, con varios frentes, habían dado fruto y tanto el TJSC como el Tribunal Supremo reconocieron que existían causas objetivas para cesar la actividad. La multinacional lo aceptó, y empezó a reforzar la mina de Súria para concentrar y continuar su actividad de extracción de potasa.

Inicio de la valorización

Pero una cadena de errores y problemas en la construcción propició que llegara la fecha del cierre de Sallent sin que su planta vecina estuviera preparada para ello. Con el consiguiente impacto laboral que suponía. Por eso se recurrió por la vía de la urgencia a los tribunales y se solicitó una prorroga sobre la bocina que fue recurrida por los vecinos. Sus demandas cayeron entonces en saco roto.

La nueva cuenta atrás para cerrar la mina acaba el próximo junio. Con la nueva interlocutoria en la mano, los vecinos podrán obligar a ICL a iniciar en el mismo momento en que se suspenda la actividad a empezar a atender las obligaciones medioambientales contraídas. Es decir, a desmontar la montaña del Cogulló.

Otros procesos judiciales

La nueva victoria judicial no supone acabar con los litigios al entorno de la actividad de Iberpotash. Sigue vivo una causa para eliminar el ordenamiento urbanístico de la zona y otro proceso que se dirige contra el Ayuntamiento de Sallent por la lentitud en empezar las acciones de restauración del Cogulló.

El periplo judicial por las consecuencias en el territorio de la actividad de Iberpotash prosigue.