Josep Sánchez Llibre, presidente de Foment del Treball, ha advertido de que el decreto catalán para limitar el precio de alquiler “puede paralizar el sector inmobiliario, reducir la oferta e incrementar los precios”. Considera que la normativa es “lesiva” y que puede ser declarada inconstitucional, atendida la evaluación del Consell de Garanties Estatutàries. “Pido la máxima cortesía parlamentaria para que la retiren, pensando en los ciudadanos, desde una perspectiva social”, ha añadido.
Sus demandas van en la misma línea que las del Sindicat de Llogaters. Este organismo aseguró 24 horas después de que la regulación se publicara, hace apenas tres semanas, que era una farsa porque no ayudaría a poner un tope a los costes de arrendar en Cataluña.
Soluciones
“La manera de luchar contra la subida de precios es aumentar la oferta de vivienda y hacer políticas asequibles. Barcelona es también su área metropolitana y allí hay suelo disponible para crear vivienda sostenible”, ha explicado Salvador Guillermo, secretario general adjunto y de Economía de Foment del Treball.
El informe L’habitatge: la seva importància econòmica i social, promovido por Foment del Treball, defiende que las administraciones públicas donten de más presupuesto las políticas de vivenda con tal de recuperar la seguridad jurídica e incrementar la oferta para estabilizar los precios. Pare ello desde la patronal consideran fundamental la participación publico-privada para la creación de vivienda social. Asimismo, se muestran partidarios de aumentar la dotación económica en la promoción de vivienda del 0,1% del PIB actual a, como mínimo, el 0,6% que se había registrado antes de la crisis.
Perspectivas de futuro
Del informe elaborado por el Centre d’Estudis Demogràfics (CED) para el plan de Territorial Sectorial de l’Habitatge se desprende que entre los años 2015 y 2030 se generarán 884.800 nuevas viviendas en Cataluña. Hay que restar las que se prevé que desaparecerán (526.600), con lo que resultarían necesarias 358.200 viviendas nuevas en 15 años, cifra que queda lejos de las 25.000 unidades anuales aconsejables. “Hay que tener en cuenta que el volumen de los pisos se está reduciendo. Antes vivía mucha más gente en una misma unidad que ahora”, señala Sánchez Llibre.
En el 2018 se registraron en Cataluña 167.953 contratos de alquiler, un 7% más que en el año anterior. El 76% del total de alquileres de este año corresponden a la provincia de Barcelona, que es el territorio que ha tenido una mayor presión de precios.
Presupuesto público
Los datos de los Presupuestos Generales del Estado de 2018 ponen de manifiesto que únicamente se destina el 0,1% del total al fomento de la vivienda sostenible, por debajo de cualquier otra partida.
El 9% del total de viviendas acabadas en 2018 fueron protegidas, lejos de porcentajes de vivienda social de otros países europeos, con dotaciones muy superiores para en este sector.