Abertis esperará hasta 2021 para saber si cobra los 2.000M€ que reclama a Fomento

Abertis tendrá que esperar hasta agosto de 2021 para saber si tiene derecho a cobrar los 2.000 millones de euros que reclama al Ministerio de Fomento por los descensos del tráfico en un tramo de la autopista AP-7, a su paso por Cataluña. El Tribunal Supremo ha decidido que no emitirá ningún fallo sobre el contencioso hasta que concluya el contrato de concesión de esta autopista, que vencen dentro de dos años. 

La compañía, que controlan ACS y Atlantia, ha descartado este jueves que la decisión vaya a tener "impacto alguno en sus cuentas". El grupo de concesiones reclama a Fomento esta cantidad como consecuencia de un acuerdo que alcanzó en 2006 con el entonces Gobierno para hacer mejorar y bajar peajes en el trazado de autopista que gestiona a través de Acesa. Se trata de los tramos Barcelona-La Jonquera, Barcelona-Tarragona, Montmeló-El Papiol y Zaragoza-Mediterráneo.

Contencioso multimillonario

Abertis y Fomento afrontan así dos años más para la finalización del multimillonario contencioso mientras a finales de este año la compañía y el Ministerio tendrán que gestionar la conclusión del contrato de concesión de otro tramo de la misma autopista, el que discurre entre Tarragona, Valencia y Alicante.

Por su parte, el Ejecutivo gana tiempo para saber si finalmente tendrá que afrontar esta compensación, y calcula la que deberá pagar el Estado por las nueve autopistas que quebraron durante las crisis y fueron rescatadas el pasado año. 

Obras de mejora y ampliación

De la reclamación total de Abertis, 3.000 millones,  890 corresponden a la compensación por las obras de mejora y ampliación que realizó en la AP-7. Un importe que el grupo cobrará cuando finalice la concesión. La cantidad en liza son los 2.061 millones restantes, a los que argumenta que tiene derecho por el descenso del tráfico, aunque los posteriores gobiernos han manifestado sus dudas al respecto.

La empresa cuenta con una sentencia a favor, que emitió el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) a comienzos de 2017. El Ministerio Fomento, dirigido en aquel tiempo por Íñigo de la Serna, recurrió esta sentencia al Supremo, instancia que ahora se pronuncia posponiendo la resolución 24 meses más. 

Acuerdo de 2006

El contencioso entre el grupo de autopistas y Fomento tiene su origen en el acuerdo que en 2006 firmó con el Ministerio cuando Magdalena Álvarez estaba al frente. Un pacto por el que la empresa se comprometió a realizar obras de ampliación y mejora en estos tramos de la AP-7 y a aplicar descuentos en sus peajes mientras que el Estado debía asumir el riesgo de tráfico de la autopista en caso de que el número de usuarios no alcanzara ciertos niveles.

Con el cambio de Gobierno en 2011, el ministerio planteó dudas sobre las compensaciones. Fue entonces cuando, tras no alcanzar un acuerdo entre las partes, derivó en un contencioso. Ahora, el Supremo sostiene que no emitirá un dictamen hasta que este convenio finalice y se pueda liquidar de manera definitiva el saldo de compensación.