La resolución del departamento de Educación sobre la nueva organización de la Formación Profesional (FP) en Cataluña toma el camino de los tribunales. CCOO, UGT, Foment del Treball y Pimec han puesto sobre la mesa la posibilidad de recurrir la normativa que el consejero de Educación, Josep Bargalló (ERC), publicó el pasado 24 de abril y que cambia el modelo que se aplicará a partir del próximo curso.
[LEA LA DECLARACIÓN CONJUNTA DE LOS AGENTES SOCIALES]
A pocos días de que empiece la preinscripción, hecho que implicará que todos los centros deban estar preparados para el nuevo año escolar, las patronales y sindicatos denuncian que el Gobierno catalán ha actuado a sus espaldas. Asegura que el departamento de Bargalló eludió concertar los cambios que ha implementado en la nueva regulación de la FP a pesar de disponer de una mesa de diálogo creada para este objetivo.
Reunión cada viernes
Los representantes de los departamentos de Presidencia, Educación, Trabajo y Empresa se reúnen cada viernes con los de las patronales, sindicatos, las dos entidades municipalistas catalanas y los de la Cámara de Comercio de Barcelona desde enero para desatascar el despliegue de la Ley de Formación y Cualificación Profesional que se aprobó en julio de 2015. Fue una de las normas de la segunda legislatura de Artur Mas que consiguió un apoyo más amplio del Parlament y marcaba los puntos básicos para que el territorio se dotara de un sistema formativo estable y de calidad.
Señalaba que la FP tradicional debía avanzar hacia la Dual y que ésta debía ser una vía de obtención de conocimientos de los estudiantes que les capacitara para dar el salto a las empresas. Es decir, que cumpliera de verdad con su reto de facilitar la difícil transición desde el mundo educativo al laboral y se convirtiese en una alterntaiva real para atajar la lacra del paro juvenil. Los agentes sociales mantienen que la normativa que se ha aprobado este abril dinamita este camino.
El conseller de Enseñanza de la Generalitat, Josep Bargalló / EFE
El conseller de Enseñanza de la Generalitat, Josep Bargalló / EFE
Manifiesto de la comunidad educativa
El manifiesto Contra la reforma low-cost de la FP que ha empezado a circular entre la comunidad educativa remarca que el recorte de horas lectivas supone una “merma de la calidad de formación del alumno”; que se produce un “vaciado de los contenidos específicos de cada oficio” que hará más difícil que se convierta en un “trabajador cualificado con posibilidades de progresar en su oficio”, o que se mantienen las “disfunciones organizativas al mantener dos modelos educativos en paralelo”.
Además, se denuncia que la parte empresarial deberá equiparar las prácticas duales y las de formación en el centro de trabajo, con el sobrecoste que esto implicará para evitar que los estudiantes se conviertan en “mano de obra barata”. De hecho, en Foment del Treball ya han encendido las alarmas por las implicaciones que tendrá para las empresa que formen a estudiantes de FP cuestiones como la obligación de que estén contratados mediante un contrato de formación y aprendizaje en lugar de usar una beca.
Inseguridad jurídica
La primera de ellas será económica, ya que la ayuda se referencia al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) y el contrato al Salario Mínimo Interprofesional (SMI). En algunos sectores de actividad se llegaría a la casuística que los alumnos cobrasen lo mismo que los trabajadores en plantilla. Pero la que más asusta a las compañías es la inseguridad jurídica que aseguran que se abre en el modelo que se implementará en el nuevo curso escolar.
Recuerdan que no los podrán firmar con los estudiantes de FP de más de 25 años, ya que los contratos de Formación y Aprendizaje fijan una edad tope; y que les expone a sanciones por parte de Inspección de Trabajo por el tipo de responsabilidades que asuman en su día a día. Se advierte de que las tareas a las que pueden hacer frente para completar su formación, especialmente en los estudiantes de Grado Superior, no son compartimentos estancos, por lo que pueden ir más allá de las materias concretas que se abordan en su curso escolar. Si se contemplara la FP desde el lado menos flexible, podrían incurrir en sanciones.
Información mediante circular
Fuentes del departamento de Educación señalan que se informó de la nueva regulación catalana de la FP mediante una circular a los agentes sociales. Nunca se llegó a debatir entre los implicados en abierto en la mesa de concertación social que ya estaba creada.
Patronales y sindicatos han avanzado que la “reforma no va encaminada a mejorar el sistema de información reglada”. Consideran que los cambios implementados por el Gobierno catalán perpetuarán en la FP dual los problemas que ya presenta la ordinaria y quieren evitar que se llegue a este escenario. Por el momento, recogen firmas contra la organización para forzar a la consejería liderada por Bargalló a mover ficha y repensar la norma. Impugnar es la última alternativa a la que les gustaría recorrer, tal y como reconocen. Con todo, se la plantean.