El Tribunal de Justicia de la Unión Europa (TJUE) ha dado un espaldarazo al control de la jornada laboral de cada empleado, que en España entró en vigor el pasado domingo 12 de mayo. La sentencia, que responde a una cuestión prejudicial de la Audiencia Nacional, señala que los Estados miembro deben obligar a los empresarios a implantar un sistema objetivo, fiable y accesible.
En la misma en que el grueso de las empresas españolas se adaptan a la nueva normativa, el TJUE, a través de un comunicado emitido este martes, deja abierto a cada país los criterios con los que aplicar la nueva normativa. Asimismo, insta a tener en cuenta las particularidades de cada sector e incluso de las diferentes empresas en función de factores como su tamaño.
Petición de la Audiencia Nacional
La Audiencia Nacional pidió la interpretación al organismo europeo de dos artículos del Estatuto de los Trabajadores relativos a la jornada laboral. Esto ocurrió el pasado enero, dos meses antes de que el Gobierno aprobara la nueva normativa. En concreto, las cuestiones hacían referencia a la posibilidad de incumplir las normas comunitarias por “dejar en manos de los empresarios los descansos semanales y diarios”.
Desde CCOO se han mostrado “muy satisfechos” con la resolución del TJUE que, aseguran, respalda a los trabajadores y defiende “inequívocamente” sus derechos, obligando a los Estados a legislar para garantizarlos”. De hecho, el planteamiento a la justicia europea es consecuencia de una demanda del sindicato contra Deutsche Bank, que sostenía que la legislación no le obligaba a registrar la jornada de sus empleados.
Datos "obejtivos y fiables"
“Ya no hay marcha atrás, gobierno quien gobierne”, señala el sindicato en un comunicado. Comisiones asegura que el trabajador debe ser considerado “la parte débil” de la relación laboral, “de modo que es necesario impedir que el empresario pueda imponerle una restricción de sus derechos”.
El TJUE sostiene que el registro de la jornada laboral supone "un medio particularmente eficaz para acceder con facilidad a datos objetivos y fiables". Esto facilita "tanto que los trabajadores prueben que se han vulnerado sus derechos como que las autoridades y los tribunales nacionales competentes controlen que se respetan efectivamente esos derechos".