El Gobierno de Argentina, encabezado por Mauricio Macri, ha pactado con el grupo Suez el pago de 220 millones de euros como compensación por la expropiación de los servicios del agua y saneamiento de la ciudad de Buenos Aires en 2006.

Los dos afectados cumplen de este modo con una sentencia del centro de arbitraje del Banco Mundial, el CIADI, que da la razón a la multinacional gala en la que se engloba el grupo Agbar. De hecho, Aguas de Barcelona recibirá al entorno de 80 millones de este conflicto.

Contrato rescindido en 2006

El fiscalizador de las concesiones concluyó que el Gobierno de Néstor Kirchner vulneró los derechos de la concesionaria del servicio al rescindirle el contrato de explotación de Aguas Argentinas en 2006. Por eso impuso una multa al Ejecutivo de 342 millones, una cifra más alta de la que se ha liquidado porque parte del montante es para Vivendi, otra empresa con intereses en los servicios de agua en el país austral.

La transacción se reflejará en las cuentas de Suez a partir del próximo 30 de junio, por lo que ya se contabilizará de forma positiva en el cierre semestral. Además, los ingresos por compensaciones económicas del Ejecutivo argentino irán a más en breve.

Segundo pacto económico

El equipo de Macri y la empresa privada deben llegar a otro acuerdo económico por otro contrato que se rescindió de forma incorrecta. Se trata de la concesión de aguas y saneamiento de Aguas Provinciales de Santa Fe y el CIADI ya emitió un informe favorable a los intereses de la compañía el pasado 14 de diciembre.

En total, la compañía podría ingresará 500 millones de euros de extraordinarios en el ejercicio en curso.

Aviso ante las remunicipalizaciones

También manda un aviso a navegantes sobre los efectos que puede tener para un gobierno una resolución anticipada de una concesión pública sin que se puedan acreditar de forma clara los incumplimientos en el servicio. Las llamadas municipalizaciones que se intentan llevar a cabo por parte de algunos Ejecutivos, como el Ayuntamiento de Barcelona.

En este caso, Kircher retiró los contratos de Aguas al no llegar a un pacto sobre la reactualización de las tarifas. Acusó a la filial de Suez de no haber cometido las inversiones que se esperaba y decidió que la gestión del agua de ambos territorios se haría a través de una empresa pública de nueva creación.

Macri deberá encajar un golpe en las cuentas públicas del país para saldar un conflicto judicial que había provocado un Ejecutivo anterior.