Los vecinos de Cruïlles, Monells y Sant Sadurní de l’Herua (Girona) persiguen desde hace cinco años a la Generalitat para que vacíe y restaure los terrenos del vertedero de Vacamorta. Ahora, piden a la consejería de Territorio y Sostenibilidad, encabezada por Damià Calvet (JxCat), que fije una fecha definitiva para empezar a debatir sobre la enésima pugna que mantienen.
El Gobierno catalán anunció un encuentro el 25 de abril con el Ayuntamiento, la plataforma de afectados (PACC) y la entidad ecologista CEPA-EdC. Lo hizo en el mismo momento en que los tres anunciaban su rechazo frontal al último plan que la Agencia de Residuos de Cataluña ha presentado para retirar todos los residuos de un vertedero que está demostrado que contaminan los acuíferos del territorio por falta de impermeabilización. Pero la fecha de la reunión no era en firme y los problemas de agenda de los asistentes han dejado en el aire su celebración, explican los afectados.
150 millones para retirar los residuos
Será en esta mesa donde los agentes del territorio reclamarán a la Generalitat una hoja de ruta clara para retirar todos los residuos que aún hay en Vacamorta. No sólo los que se acumularon hasta 2003, tal y como se pretendía en el documento que la empresa dependiente de Territorio hizo público.
Fuentes locales indican que el Gobierno catalán se escudaba en algunas sentencias anteriores que dictaminaban cómo se debía cerrar y reparar el vertedero en cuestión. Aseguran que se trata de una interpretación parcial de las resoluciones que se han acumulado a lo largo de un periplo judicial que se inició a finales de los años 90 y lo justifican por el elevado coste de restaurar el campo donde se encuentra el vertedero. Territorio calculó en su día que el proceso tendría un coste de 150 millones de euros y que tardaría unos 11 años, menos tiempo de lo que ha llevado el periplo judicial.
El vertedero del ‘caso Pujol’
Los tribunales catalanes anularon por primera vez en el 2000 la licencia ambiental que otorgó Felip Puig cuando era consejero del ámbito en el último Gobierno de Jordi Pujol. El vertedero se ha hecho famoso no sólo por el conflicto jurídico e histórico en las poblaciones de Girona, también porque forma parte de las pesquisas del caso Pujol.
Jordi Pujol Ferrusola / EFE
Jordi Pujol Ferrusola en una imagen de archivo en el Parlament / EFE
La infraestructura fue promovida e intermediada por Jordi Pujol Jr, que consiguió un pelotazo con su venta. Vacamorta se construyó por 3,5 millones de euros y se vendió por 13,2 millones a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC). Además, las investigaciones iniciales apuntaban a que un entramado de sociedades pantalla llevaron parte de los beneficios de la operación a una empresa radicada en la Isla de Man (Reino Unido), un paraíso fiscal.
Pugna por la indemnización de FCC
La concesionaria del vertedero también ha abierto su propio conflicto con el Gobierno catalán, a quien reclama una indemnización por perder los beneficios que se esperaba con la gestión de la infraestructura. Esta pugna se ha resuelto en parte este marzo, cuando una comisión jurídica de Territorio ha reconocido a la filial de Recuperació de Pedreres el derecho a percibir 340.000 euros por su mantenimiento.
Esta cifra está lejos de los más de 35 millones que le reclamaba la cotizada por lucro cesante, ya que considera que no es culpable de que los tribunales hayan anulado de forma reiterada las licencias que permitían operar la infraestructura y que había emitido la Generalitat. Este choque puede ser otra derivada del caso Vacamorta.
Vaciar el vertedero
Los vecinos de la zona insisten en la necesidad de retirar toda la basura que se acumula desde hace años en el vertedero y que genera problemas tanto de olores como de contaminación de las aguas subterráneas. No ha crecido desde que perdió los premisos para operar, pero los escombros anteriores se mantienen y requieren las medidas ambientales que permitirán cobrar a FCC como mínimo 340.000 euros de las arcas públicas catalanas.
El consejero catalán de Territorio, Damià Calvet, durante el 'Consell Executiu' / EFE
El consejero catalán de Territorio, Damià Calvet, durante el 'Consell Executiu' / EFE
Los problemas económicos de la Generalitat han motivado hasta la fecha los reiterados retrasos en empezar a actuar en Vacamorta. El Ayuntamiento, PAAC y CEPA-EdC aplauden la decisión de la consejería de retomar la comisión de seguimiento, pero piden que se haga de forma efectiva.
Calvet será el tercer consejero que les promete que acatará las resoluciones judiciales y recuperará la zona. Santi Vila y Josep Rull también tuvieron el problema del vertedero sobre la mesa. Cruïlles espera que la resolución de este problema ambiental no tenga que esperar a otra legislatura en Cataluña.