Golpe de la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) contra el reglamento que el Gobierno de Ada Colau impulsa en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) sobre la operativa de los VTC. Los expertos de la Generalitat aseguran que la normativa que se aprobó de forma inicial en febrero “introduce restricciones injustificadas y cargas adicionales a la prestación de los servicios urbanos” en un documento que se ha hecho público este miércoles [consulte aquí el informe]. 

Tras analizar con atención todos los preceptos de esta ley, concluye que se “profundiza en los problemas de competencia que presenta el actual marco legal de la actividad”. Se indica que “en lugar de hacer efectiva la transición hacia un modelo regulatorio verdaderamente procompetitivo en el sector del transporte de viajeros en vehículos de turismo” e impulsar la “actualización y modernización del sector del taxi”, los “poderes públicos” han “optado por limitar y condicionar en mayor medida la actividad de los operadores  de VTC”.

Es la segunda ocasión en que este organismo enmienda una normativa sobre el sector. También manifestó su opinión negativa respecto al decreto que aprobó la Generalitat y que fijaba en 15 minutos la precontratación del servicio. La consejería de Territorio y Sosteniblidad, encabezada por Damià Calvet (JxCat), ignoró las recomendaciones del organismo público. 

60 minutos de precontratación

La ACCO asegura que se persigue el “objetivo de debilitar las presiones competitivas que han venido ejerciendo durante los últimos tiempos los operadores de VTC respecto del sector del taxi”. Este precepto es contrario a la libre competencia y, por lo tanto, recomiendan eliminar las medidas más polémicas de la normativa metropolitana.

La primera de ella es elevar de los 15 a los 60 minutos el tiempo de precontratación mínima para los servicios que se ofrecen desde plataformas como Uber o Cabify, los más conocidos del sector. “Constituye una grave restricción de la competencia que no se encuentra justificada en base a ninguna razón de interés general o motivo legítimo”, manifiestan los garantes de la competencia en el informe. Rechaza los argumentos de que se evitará la congestión y se mejorarán las emisiones que se habían alegado desde la AMB.

Registro de vehículos

También se afirma que se trata de una medida “discriminatoria porque no se aplica al sector del taxi”, que también presta servicios en el “segmento de la precontratación”. La ACCO apunta que si la protección del medio ambiente y los atascos de tráfico son argumentos válidos para elevar a 60 minutos el tiempo que se requiere para contratar una VTC también deberían valer para los taxistas.

En cuanto al registro de vehículos que se contempla como un requisito de acceso al mercado metropolitano para grupos como Uber o Cabify, se sanciona que el “objetivo final” sea “dificultar, todavía más, la prestación de los servicios urbanos de VTC durante el periodo transitorio de cuatro años”. Además, se apunta que no dispone de “apoyo suficiente en la normativa de rango legal superior”, la que debería constituir su “amparo legal”.

Discriminación entre VTC

Por otro lado, la ACCO apunta a que el reglamento del AMB “altera la competencia existente entre los propios operadores de VTC” al establecer un “trato discriminatorio” en función del momento en que han obtenido la licencia necesaria par operar. Los que cuentan con el permiso anterior al anuncio de la normativa metropolitana no deberán cumplir los mandatos de descansos semanales y horarios, así como “determinados requisitos de los vehículos”.

Para los garantes de la competencia de la Generalitat, el reglamento que el Consejo Metropolitano aprobó de forma inicial en febrero “estable una serie de requisitos que, básicamente, acondicionan el ejercicio de la actividad de los VTC en el ámbito urbano y lo aproximan al servicio del taxi”. Implementa cuestiones como un horario laboral con días de descanso predeterminado o al registro de servicio que no se da en el taxi.

Recomendación del ACCO

Se tilda de “carga administrativa innecesaria” que “multiplica los efectos negativos de los registros de ámbito autonómico y estatal existente”. La ACCO aseguran que la normativa “debilita, aún más las presiones competitivas” que sufren los operadores de VTC “respecto al sector del taxi, que ha sido tradicionalmente preservado de competencia”.

Por todo ello, recomienda a los grupos con presencia en el Consejo Metropolitano la “no aprobación definitiva” del reglamento del AMB.