El desastre del cementerio de Montjuïc se cobra su primera víctima política

Dijo en privado que "nunca caería", pero ha sucedido. Jordi Valmaña Corbella ha sido fulminado al frente de Cementiris de Barcelona SA (Cbsa), siendo la primera víctima política del derrumbe de 144 nichos del camposanto de Montjuïc en 2017. El equipo de gobierno municipal de Ada Colau se ha cargado al directivo, que ha sido sustituido por un directivo del conglomerado público Barcelona de Serveis Municipals (B:SM).

Según ha podido saber este medio, la decisión de dejar caer a Valmaña se oficializó dos semanas atrás tras meses de rumores. Finalmente, se informó internamente de su sustitución al frente de la empresa pública de gestión de cementerios por un alto directivo de B:SM. En la actualidad, el director general se encuentra en pleno periodo de traspaso de poderes. Su último día laboral será el próximo 31 de mayo, cuando concluirá una etapa de 13 años y cinco meses al frente de la sociedad municipal. No obstante, su relevo ya es efectivo y se encuentra, a nivel operativo, "fuera de la compañía", según han informado fuentes de la oposición municipal en Barcelona.

Primera víctima política de la catástrofe de Montjuïc

La salida de Jordi Valmaña de Cementiris de Barcelona, que ha podido confirmar este medio, llega un año y ocho meses después del desastre del Cementerio de Montjuïc, donde el 15 de septiembre de 2017 se derrumbaron 144 nichos en la zona norte. El hundimiento afectó directa e indirectamente a hasta 350 difuntos, mezclando sus restos con cascotes, trozos de madera y sudarios. La empresa municipal, que preside el concejal de Presidencia, Eloi Badia, trató de tapar el escándalo con un barrido de la zona con una excavadora, primero, y pagos a las familias afectadas, después. La patosa actuación acabó con un inmenso mezclado de restos cadavéricos y materiales al estilo del del accidente del Yak-42. Dieciocho meses después, continúa la chapuza y el montón aún no ha podido ser ordenado e identificado.

Ello es así pese a que Cbsa se avino a practicar análisis de ADN de las partes de cuerpos que tenía sin identificar, unas pruebas que al principio rechazó. Finalmente, se las encargó a regañadientes al Institute de Génétique Nantes Atlantique SA y a Anabiol SL, filial del grupo francés Carso. El proceso ha costado cerca de 960.000 euros. Como avanzó este medio, los resultados no han sido concluyentes. Cementiris es incapaz de identificar todos los restos cadavéricos que obran en su poder y sobre los que tenía la responsabilidad de custodia. Ello ha soliviantado a los familiares, que aún esperan un informe concluyente sobre dónde están sus allegados. No ha ayudado a apaciguar los ánimos de estos ciudadanos el hecho de que los exámenes de ADN fueron acometidos con suma torpeza, con capítulos tan esperpénticos como el análisis de un cadáver con el ADN de su cuñado.

Denuncia penal

A la luz de la pésima gestión de Valmaña y Badia en la tragedia de Montjuïc, unas 60 familias afectadas se agruparon y buscaron el apoyo de los bufetes Duran&Duran y Palacio Lasaletta, con quien interpusieron una querella contra Badia, Valmaña y una de las antropólogas que trabajaron con los restos: Dominika Nociorova. Denunciaron a estas personas por presuntos delitos de malversación, daños, profanación, falsedad documental y prevaricación. Un juzgado de Primera Instancia de Barcelona no admitió a trámite el texto, por lo que la causa fue recurrida en la Audiencia Provincial de Barcelona. Se espera un fallo próximo de la sala contencioso-administrativa, ya que el recurso se leyó hace unas semanas. En cualquier caso, el concejal Badia ya ha avanzado que no dimitirá incluso si es imputado por esta causa. Concurre de número siete a la lista de Barcelona en Comú (BComú) a las próximas elecciones municipales del 26 de mayo.

En paralelo a la causa judicial, discurre el carril político. La Síndica de Barcelona tomó mucho interés en el caso y pidió información para apoyar a los vecinos afectados desde el primer momento. Finalmente, Maria Assumpció Vilà publicó un devastador informe en enero de 2018 que concluyó que el derrumbe de los 144 nichos de Montjuïc constituyó negligencia del Ayuntamiento de Barcelona. Citó la Síndica la falta de mantenimiento del camposanto, el mayor de la Ciudad Condal. Pese al demoledor análisis de la Síndica, ni Eloi Badia ni Jordi Valmaña dimitieron o fueron destituidos de sus cargos. Lo que es más: el Ejecutivo local de Barcelona en Comú (BComú) dio plantón a los familiares en la ceremonia del primer aniversario del derrumbe. Antes, tardó cinco meses en reunirse con ellos.

Valmaña: gestión bajo sospecha

El maltrato a las familias afectadas por la catástrofe de Montjuïc no es el único lunar que empaña la trayectoria de Valmaña al frente de Cementiris de Barcelona, una singladura que terminará abruptamente el próximo 31 de mayo por prejubilación forzosa. El directivo trató la empresa municipal como una suerte de cortijo privado, en el que contrató a la empresa en la que trabajaba su hijo para proveerse de urnas y concedió a la misma firma otras adjudicaciones por valor de 154.000 euros en 2016. Un año después, el ejercicio del derrumbe, el director general de Cementiris volvió a conceder nueve contratos a dedo a la filial de Hygeco España donde su familiar estaba empleado en el departamento comercial. Nunca dio Valmaña explicaciones por ello, pese a que en el contrato-marco de urnas formó parte de la mesa de contratación, vulnerando el código anticorrupción de Cementiris. Finalmente, la gerencia de Barcelona de Serveis Municipals (B:SM) intervino la contratación y gestión financiera ante los flagrantes desmanes cometidos por el directivo. Lo hizo Marta Labata, la directiva que cogió las riendas de B:SM en 2017.

Precisamente, la llegada de Labata al frente de las empresas municipales también la provocó, sin quererlo, Valmaña. El director general de Cbsa y Eloi Badia pergeñaron un proyecto de funeraria municipal para Barcelona. Lo hicieron a espaldas de Ignasi Armengol, el otrora consejero delegado de B:SM. Éste, al verse puenteado, dimitió en mayo de 2017, tal y como avanzó Crónica Global. Valmaña y Badia trataron de empujar la iniciativa de operador funerario público, pero se toparon con el rechazo de la oposición. El expediente se ha llevado cuatro revolcones este mandato. Nunca pasó de la aprobación inicial en comisión municipal. Sin embargo, la creación de la funeraria pública que compitiera con el propio Ayuntamiento --que mantiene un 15% de Serveis Funeraris de Barcelona (Sfb), operador mixto--, dejó capítulos tristes, como el pucherazo que perpetró Cementiris en una consulta interna para avalar el proyecto, o las presiones a los trabajadores temporales para que apoyaran la iniciativa. Pese a las dudosas prácticas políticas, no fue la funeraria exprés, ni la falta de mantenimiento, ni el alza de tasas, lo que ha finiquitado la carrera política de Valmaña, un independentista de corte convergente en la estructura municipal de los comunes. Ha sido el desastre de Montjuïc, que deja irresoluto.