Zarpazo a las tabacaleras: multa de 57,7 millones por violar la competencia

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado con un total de 57,7 millones de euros a las cuatro grandes empresas tabacaleras del mercado español. Según esta institución, las compañías han compartido información confidencial de forma contraria a la ley, lo que supone "la eliminación de la competencia" entre los años 2008 y 2017.

Las empresas condenadas por la CNMC dominan el 95% del mercado del tabaco en España. Se trata de las marcas Philip Morris, Altadis y JT Internacional Iberia, así como la distribuidora Logista. 

Método prohibidos

Competencia ha considerado probado que las cuatro empresas han compartido de forma fraudulenta datos sobre la venta de cigarrillos que incluía información sobre los perfiles de los consumidores y la demanda en distintas provincias. A través de estas prácticas, las cuatro compañías han podido mantener estable su cuota de mercado durante cerca de 10 años, lo que supone, a ojos de la CNMC, una conducta "constitutiva de una infracción prohibida" por la ley de Defensa de la Competencia y por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Cada una de las compañías condenadas se enfrentan a una multa de diferente peso. Distribución Integral Logista deberá abonar 21 millones de euros, al ser la faclitadora de la información de forma diaria y gratuita. Por su parte, Philip Morris Spain se enfrenta a una sanción de 15,3 millones de euros; Altadis a otra de 11,4 millones de euros y JT International Iberia a un correctivo de 10 millones de euros.

Recurso a la decisión de la CNMC

Tanto la distribuidora como la filial de Philip Morris en España han anunciado que presentarán sendos recursos contra la decisión de la CNMC ante la Audiencia Nacional. Ambas aseguran no haber cometido "ninguna infracción" en el mercado competencial y Logista, en concreto, asegura que la decisión de este organismo "no prueba ni demuestra" que la información proporcionada a las tabacaleras hayan tenido efectos restrictivos entre fabricantes. 

La compañía distribuidora se defiende con la explicación de que tales datos estaban a disposición de todos los fabricantes de tabaco y del Comisionado para el Mercado de Tabacos "con la lícita finalidad de que estos puedan verificar el cumplimiento estricto del principio de neutralidad" en su actuación.