Las decisiones que se tomaron desde el Gobierno de Andorra para gestionar el caso BPA aún generan impactos en el sistema financiero del Principado cuatro años después del inicio de la crisis. Estos son de “consecuencias imprevisibles”, tal y como indica el Instituto de Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada.

Esta entidad ha publicado varios análisis sobre la economía del país vecino a las puertas de unas elecciones muy disputadas que tendrán lugar este domingo. El grupo de trabajo que ha realizado el análisis de lo que es hasta ahora la principal crisis financiera andorrana concluye que las decisiones que tomó el Gobierno de Antoni Martí (DA) en 2015 llevaron a una intervención “ineficiente”.  

Alarma y amenazas

Los expertos aseguran que las políticas que se aplicaron no limitaron el impacto de la nota que publicó un organismo del Tesoro de EEUU, el FinCen. Este organismo acusó a BPA de participar en el lavado de dinero de origen criminal. Martí y su equipo impulsaron una intervención de la entidad que “generó una alarma que expandió las potenciales amenazas”, concluye el estudio del Instituto.

En su opinión, afectó a accionistas, gestores, empleados y clientes del banco que hoy ha desaparecido. Pero también tuvo un impacto negativo en el conjunto del sistema financiero o del país y de su entramado económico, político y social. Para el vicepresidente de la entidad, Jesús Sánchez Lambás, el único culpable del hundimiento fue el Ejecutivo de Martí.

Controles de regulación

¿Qué decisiones se tomaron? El directivo recuerda que se puso en marcha un proceso de intervención con el objetivo de liquidar la entidad y realizó una “actuación desmedida”. Ni Martí ni nadie de su equipo salieron a defender la operativa de un “banco que había pasado todos los controles de eficiencia y rentabilidad de los supervisores y reguladores bancarios del país”. Por todo ello, lo que se puso en duda fue la vigilancia de toda la plaza financiera y la pulcritud de todas las operaciones, no las de un entidad en particular.

Otra de las ineficiencias que se critican es la creación de Vall Banc, la forma en que se traspasaron los activos de BPA y la venta al fondo buitre JC Flowers. En las últimas semanas se ha sabido que los inversores estadounidenses ultiman la venta por partes de las unidades de negocio de la entidad, hecho que maximizará los beneficios que obtendrán con toda la operación pero que la llevará a la desaparición.

Traspaso de activos

Con todo, el Instituto Coordenadas pone el foco en otra polémica: la famosa emisión de bonos contingentes convertibles (CoCo’s) en el marco del traspaso de activos entre ambas entidades, que tuvo lugar en abril de 2016. Los dos bancos estaban controlados por la Agencia Estatal de Resolución de Entidades Bancarias (Areb), el organismo público que Martí creó ad hoc para gestionar el caso BPA.

Los responsables de esta entidad fijaron en 70 millones el valor nominal de los bonos, que BPA compraría a Vall Banc con parte de sus activos, los que se consideraban sanos. El problema es que cuando JC Flowers compró la entidad de nuevo cuño reconoció que el negocio traspasado tenía un valor de mercado de 96,2 millones. Es decir, se anotó una plusvalía de 26,2 millones de la nada.

El Instituto también sanciona que la “emisión de CoCo’s fuera suscrita en su momento por BPA”, ya que indica que “no responde a ninguna lógica económica ni al interés objetivo para dicha entidad”. El único beneficiario fue el fondo buitre por un error del regulador que, de nuevo, lastra la buena imagen de todo el sistema financiero del país.