Los Centros Especiales de Trabajo (CET) están inmersos en un conflicto laboral en ciernes por el futuro del convenio que afecta a las personas con discapacidades físicas, sensoriales u orgánicas. Es decir, la norma básica que regula las relaciones laborales de las personas con estas necesidades especiales.

La Federación de Centros Especiales de Trabajo de Cataluña (Fecetc) y los sindicatos han interrumpido la negociación que mantenían desde el pasado 11 de marzo sobre los salarios que se pagan. Ni siquiera entraron en debatir si los 900 euros que reciben desde el pasado 1 de enero todos los empleados, el reflejo del incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), se deben mejorar. El diálogo social se ha enrocado con las retribuciones del ejercicio anterior, cuando se pagaban 834 euros.

Situación económica de los CET

Esta situación extraña parte de una prerrogativa que se concedió en el anterior convenio. Patronal y sindicatos pactaron en ese momento que la tabla salarial del año pasado se negociaría con un año de retraso, cuando se esperaba que la situación económica de los CET mejoraría.

El problema de fondo es que persisten las incertidumbres que condicionaban el futuro de estos espacios para la reinserción de un colectivo con un paro real, el que afecta a todas las personas en edad y capacidad de trabajo y no sólo a las que han iniciado su vida laboral, llega al 70%. Desde Fecetc lamentan que su problema principal son los retrasos que sufren de forma reiterada en recibir las subvenciones pertinentes de la Generalitat.

La Generalitat no paga

La normativa estatal reconoce que el 50% del salario de los trabajadores con necesidades especiales se debe pagar desde la Administración Pública. El Gobierno catalán ya intentó rebajar esta cuantía para ganar oxígeno económico entre 2014 y 2015, los momentos más duros de la crisis. Con todo, una sentencia reciente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) obliga a la consejería de Servicios Sociales, encabezada por Chakir El Homrani, a revertir la situación.

Los afectados reconocen que la situación ha mejorado respecto a ese momento, pero aún no se ha llegado al escenario en que el Ejecutivo haya cancelado y no contraiga nueva deuda con los centros que trabajan con la reinserción de los discapacitados. Estos retrasos tensionan la gestión de los CET, abocados a buscar líneas de financiación y abonar los intereses correspondientes para mantener su actividad.

Demanda de los sindicatos

Ante este escenario, los portavoces de los centros aseguran que no pueden asumir las revalorizaciones de los salarios que reclaman los sindicatos con efecto retroactivo.

Han existido varias propuestas desde el inicio de las negociaciones. Según las fuentes consultadas de la Fecetc, la primera de ellas condenaba casi a la quiebra a los centros. CCOO y UGT reclamaron incorporar a la tabla salarial de 2018 un incremento del 7%, hecho que hubiera generado una deuda de 840 euros por cada trabajador que se tenía que abonar en como mucho un año.

Parálisis de la negociación

El debate que se mantuvo durante semanas llevó a que la parte social presentara otra propuesta con una revalorización de las tablas salariales del 3%. En contrapartida, se reclamaba disponer de un día más de libre disposición y otras ocho horas (dos más de la demanda inicial) para que los trabajadores se distribuyeran según sus intereses.

La contrapropuesta de Fecetc fue a la baja: subir las retribuciones el 1,5% y reducir el cómputo de la jornada anual a 1.754 horas, hecho que implica un recorte directo del tiempo de trabajo que equivale a la petición de más horas de libre disposición. Ha sido aquí donde la mesa se ha paralizado.

El debate social entra ahora en punto muerto. Ambas partes reclaman de forma cruzada que se sea sensible con las demandas del otro colectivo aunque no reciben la respuesta que desean. Se espera encauzar de nuevo el diálogo con la mediación.