El presidente del ICAC se ensaña con las grandes compañías auditoras

El presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), Enrique Rubio, no deja de sorprender al sector de las compañías auditoras con sus constantes sanciones a las grandes firmas del sector, las llamadas Big Four. La última es contra PwC por su auditoría en las cuentas del Banco Popular y que supondría una multa superior a los 10 millones de euros.

Las compañías han recurrido todas las multas; en algunos casos pasan de los 10 millones de euros, como las impuestas a Deloitte por auditar a Bankia o a Pwc por su trabajo en Aena.

Falta de independencia y conflicto de intereses

El presidente de Deloitte, Fernando Ruiz, aseguraba en 2018 en el Congreso de los Diputados: “No puede ser que se haga un trabajo que nos piden los reguladores y luego nos sancionen. Los trabajadores se hicieron a instancias del Banco de España y de la CNMV”.

Por su parte, PwC recusó a Rubio “por falta de independencia” y conflicto de intereses en su recurso a la última sanción del ICAC por las cuentas del Popular. Hay que mencionar que Rubio es miembro de la comisión rectora del Frob, órgano que ejecutó la intervención del banco.

En este sentido, un informe del Congreso de los Diputados sobre la crisis financiera dictaminaba que había que regular “la independencia de las autoridades de supervisión” como son el Banco de España, CNMV, ICAC o Frob “de forma que sus miembros no puedan participar en los órganos de otras instituciones” para evitar conflictos de interés.

'Sobrevivió' a la moción de censura

Enrique Rubio es uno de los pocos altos cargos que mantuvo su puesto tras el cambio de gobierno por la moción de censura de contra Mariano Rajoy (más de 400 dejaron sus funciones). Tomó posesión en 2016 bajo el mandato ministerial de Luis de Guindos y se mantuvo con Nadia Calviño. Su salario es de 94.480 euros. Con él al frente del ICAC han llegado las mayores sanciones a las auditoras; en el 100% de las actuaciones apreció indicios de infracción, algo imposible para los actores del sector.

Con las actuaciones del ICAC, se está creando desconfianza respecto a las auditorías realizadas en las empresas más importantes de España, principalmente en las del Ibex 35. Por eso el sector considera necesario revisar y actualizar el sistema de sanciones, que proviene de una ley de 1988 y es el más estricto en comparación con las principales potencias europeas; pero sobre todo estiman urgente un cambio en la cúpula del ICAC y modificaciones organizativas y legislativas que mejoren la independencia y esté en línea con la regulación europea.