La Audiencia Nacional centra en Valencia la ‘Operación tarantelo’ sobre el atún ilegal

La investigación sobre la existencia en España de una trama dedicada a la comercialización ilegal de atún rojo ha recalado en el juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, que proseguirá las investigaciones iniciadas por un juzgado de instrucción de la localidad valenciana de Picassent.

Las primeras pesquisas realizadas en 2018 por las fuerzas policiales (Operación Tarantelo) suscitaron un verdadero terremoto en el sector, ya que en sus inicios afectaba a la mayoría de grandes firmas que trabajan en el ámbito de la pesca y comercialización de esta especie. Sin embargo, la Audiencia Nacional ha acotado ya el perímetro de responsabilidad a dos firmas valencianas, Masfishval y Pescnort Mart, sobre cuyas actuaciones se centran ahora las averiguaciones.

Reducción del perímetro de la investigación

En junio de 2018 una actuación coordinada de grupos de la Guardia Civil llevó a la práctica más de 79 detenciones simultáneas en diferentes puntos de España de personas vinculadas a empresas operadoras del sector y la incautación de unos 80.000 kilos de ese producto. Con las diligencias más avanzadas, los afectados son apenas una veintena y se limita el supuesto delito de fraude alimentario a dos operadores valencianos del sector sobre los que se centrará la instrucción de la Audiencia Nacional.

Las irregularidades que se denunciaron el pasado año sobre la alteración de las piezas de atún rojo causaron un auténtico maremoto en una industria de carácter tradicional y de fuerte componente familiar en su propiedad. La patronal de sector, Cepesca, anunció que se presentaría como acusación particular ante los perjuicios que tales prácticas (introducción ilegal en el mercado de atún rojo, en mal estado, el uso de aditivos y colorantes o la falsificación documental) para restablecer el buen nombre de las compañías pesqueras españolas que cumplen de forma escrupulosa con las normativas existentes.

Grupo criminal

En un auto de la Audiencia Nacional del pasado 27 de septiembre, la instancia judicial decide asumir la investigación iniciada en Picassent y desarrollar las diligencias abiertas por el juzgado valenciano, así como solicitar a las fuerzas policiales un informe detallado de las averiguaciones que hayan podido realizar durante sus investigaciones. La Audiencia asume la existencia de un grupo criminal que realizaba la alteración de las piezas de esta especie para obtener beneficios económicos con los consiguientes riesgos que comportaba para la salud de los consumidores.