Condenan a Mediapro por despedir a un trabajador por la huelga del 8M

Malas noticias para Jaume Roures. El Juzgado de lo Social número 1 de Madrid ha anulado el despido disciplinario de un trabajador del servicio audiovisual del Congreso de los Diputados, que gestiona Mediapro, por su participación activa en la huelga del 8M de 2018. La Cámara parlamentaria ha sido absuelta de cualquier responsabilidad como parte contratante, y el trabajador se reincorporará este mismo martes.

Todo empezó cuando Mediatem, filial de Mediapro, despidió en mayo de 2018 a tres trabajadores de la empresa por "faltas muy graves". Según la compañía, el motivo de la expulsión fue que dos de los tres operadores insultaron a una compañera en presencia de otros empleados. Incluso, uno de ellos llegó a amenazarla con publicar fotos y vídeos de la mujer. El tercero fue expulsado, según recoge el medio de comunicación, por “faltar al respeto” a una tercera persona no presente.

Negociar con la empresa de Jaume Roures

La rescisión del contrato dejaba sin indemnización a los trabajadores y, según las demandas interpuestas, no existió el previo aviso que exige el convenio colectivo ni a los trabajadores ni a los líderes sindicales. Las estrategias que tomaron a partir de ahí han sido muy diferentes.

Dos de los trabajadores han optado por negociar una indemnización con la empresa. Mediatem reconoció la improcedencia de las rescisiones de contrato y abonó las correspondientes indemnizaciones reconociendo toda la antigüedad que habían reclamado.

Sentencia demoledora contra la filial de Mediapro

La sentencia, según publica Eldiario.es, afirma que “ha quedado sobradamente demostrado que el actor es una persona especialmente activa en la defensa de los derechos laborales, que participó intensamente en la huelga del 8 de marzo y en otras reuniones dirigidas a negociar un nuevo convenio colectivo". La sentencia también reconoce que los otros dos despedidos se encontraban en la misma situación y señala que las negociaciones están “paralizadas” desde entonces.

La juez reprende a la empresa que haya recurrido al despido “como primera opción cuando no ha quedado probada la supuesta gravedad de su actuación”. Asimismo, la imposibilidad por parte de la productora y sus testigos de demostrar los hechos denunciados y el historial sindical de los trabajadores fundamentan a la jueza para sostener la nulidad de los despidos de la filial de Mediapro en el Congreso: “No puede ser tolerado desde una perspectiva protectora de los derechos fundamentales y laborales de la ciudadanía”.