El ACA pagará más de 800.000 euros para fiscalizar los vertidos industriales

La Agencia Catalana del Agua (ACA) busca a la empresa que se encargue de fiscalizar que el tejido industrial es respetuoso con el medio ambiente. Es decir, que no realiza ningún vertido que pone en peligro la calidad hídrica del territorio. Con este objetivo ha abierto un concurso público con un presupuesto que supera los 800.000 euros.

La duración del contrato se prolongará durante dos años y se puede prorrogar otros dos. Las compañías interesadas en pujar por estos servicios tienen de tiempo hasta las 12 del mediodía del próximo 11 de marzo. Deberán presentar su plica ante la compañía presidida por Jordi Agustí.

Inspecciones no ordinarias

Se debe tener en cuenta que el objeto del contrato corresponde a las inspecciones no ordinarias que se realicen en todo el ámbito catalán, aunque se dividen en cinco lotes según demarcaciones geográficas. Es decir, tomar muestras de los acuíferos o los ríos de forma puntual o sostenida en el tiempo para vigilar si existen afectaciones imputables a las compañías de la zona.

Esta vigilancia se realizará “sin cita previa” y en los casos que sea necesario, se contará con la “presencia de un representante del establecimiento”, tal y como indican los pliegos de condiciones del contrato a los que ha tenido acceso Crónica Global. Aunque sólo se llegará a este extremo si existen indicios de que una industria ha sobrepasado sus compromisos ambientales y su actividad empieza a no ser respetuosa con el entorno, cuestión que cada vez genera un mayor rechazo social.

Proceso de adjudicación

Lo más habitual es que esta fiscalización de las actividades industriales se realice fuera de los horarios normales de los funcionarios del ACA o bien con medios que la compañía pública no dispone. De hecho, en las condiciones del contrato ya se deja claro que los “conocimientos para realizar las tareas objeto de este contrato no se consiguen sólo con la formación estándar regulada, los grados universitarios”.

Estas necesidades justifican la puesta en marcha de la concesión pública, señalan los portavoces de la empresa pública. También puntualizan que la licitación pública repondrá un contrato que decaerá en los próximos meses. Se espera completar la adjudicación en el segundo trimestre del año en curso.