Hacienda aflora la existencia de 120.000 caseros que alquilaban en 'negro'

La lucha de la Agencia Tributaria contra los arrendadores que alquilan sus viviendas y no declaran los ingresos percibidos es uno de los grandes objetivos para atajar el fraude fiscal en España. Y las inspecciones están dando sus frutos.

Desde que en 2015 se iniciaron las campañas de avisos a contribuyentes que habían sido ‘cazados’, han sido más de 120.000 los que han regularizado su situación fiscal irregular como nuevos declarantes de capital inmobiliario.

Más recaudación si no avisara

El dato lo confirmaba el director de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Congreso para informar sobre el proyecto de ley presupuestario, como también que en 2018 la recaudación por la lucha contra el fraude superaba los 15.000 millones de euros, por encima de lo recaudado en años anteriores.

Respeto al afloramiento de arrendatarios que alquilaban en ‘negro’, Gascón renonocía que el Estado podría haber recaudado más dinero si, en lugar de avisar a estos caseros para que regularizasen su situación, se hubiera ido directamente a liquidaciones por vía ejecutiva una vez detectada la existencia de estos alquileres fraudulentos.

Cruce de datos

A la hora de detectar estos arrendamientos en ‘negro’, Hacienda cuenta, desde 2011, con la ley de medidas para la prevención de fraude fiscal que otorga herramientas para cruzar una serie de datos, como por ejemplo el consumo energético, que ponen en la pistas de que la vivienda objeto de inspección no está vacía.

A partir de ahí, basta con comprobar los ingresos del propietario para apreciar si existe si un aumento no controlado de estos puede deberse al cobro de rentas por alquiler.  

Jubilados para complementar la pensión

A la vista de los casos detectados en los últimos años, los dos perfiles más comunes de defraudadores, según cuentan desde el Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), son jubilados que buscan un complemento para su pensión o aquellos otros que compraron casa durante el ‘boom’ inmobiliario, pensando en la revalorización que iba a obtener con su venta, y que ahora la alquilan para atender gastos con esa renta sumergida.

En ambos casos, fáciles de detectar al tener, sobre todo en el caso de los pensionistas, unos ingresos fijos que, cuando se superan, de forma recurrente cada mes, ponen en la pista a los inspectores fiscales de que esta práctica pueda estar sucediendo.

En esas campañas, la Agencia Tributaria tira de todo, cruzando datos con todo tipo de organismos, como las Delegaciones de Hacienda autonómicas o los organismos públicos, como el antiguo Ivima de Madrid, el AVRA andaluz o el Instituto Catalán del Suelo, donde los caseros están obligados a depositar los avales de los inmuebles que alquilan a un tercero.