El despacho Abogados, Psicólogos y Economistas, administrador concursal de Servicio Auto Moto SA (Samsa), de Reus, ha presentado una demanda incidental en el Juzgado Mercantil número 1 de Tarragona, que tramita la suspensión de pagos de la empresa.

En ella pide que se anule la rescisión del contrato de concesionario de Citroën efectuada por la multinacional francesa.

Samsa ha estado comercializando durante 61 años los vehículos de Citroën en Reus. La firma catalana instó preconcurso de acreedores en marzo de 2015, con un pasivo de 6,2 millones de euros, y poco después, promovió el concurso formal.

Embestida

En mayo del mismo año, Citroën desata una ofensiva contra su intermediario reusense. Entre otras medidas, rescinde el contrato de concesión y de servicio oficial que tenía suscrito con Samsa, sin mediar indemnización alguna.

La resolución implica la retirada inmediata por parte de Citroën de todos los vehículos expuestos en las instalaciones de Samsa. Las ventas que tenía en curso también se le hurtan, pues Citroën se auto-subroga en sí misma.

La embestida de la multinacional contra uno de sus más antiguos concesionarios del país no se queda aquí. Le da una semana para retirar de sus dependencias cualquier cartel, rótulo o elemento identificativo de la marca Citroën, so pena de una multa diaria de 15.000 euros.

Beneficiarios del apaño

En definitiva, Samsa queda totalmente paralizada, sin producto para vender, sin objeto social y con medio centenar de empleados en nómina, que ha de despedir.

Acto seguido, Citroën entrega la concesión para la venta de sus autos a las empresas Joaquín Oliva SA, que ya viene comercializando la marca Peugeot en Tarragona, y Tarrauto SL. Ambas firmas pertenecen a la sociedad Intatore, cuyo presidente y vicepresidenta son Joaquín Oliva Valls y Rosa Vivar Espiga. A continuación este trío de empresas contrata a varios empleados de Samsa.

Confabulación

En su demanda incidental, la administración concursal denuncia que se ha verificado una típica sucesión de compañías. “Uno de los hechos que más y mejor suele evidenciar la sucesión de empresas –señala el escrito elevado al juzgado– resulta ser la contratación laboral de personas que hubieran pertenecido a la plantilla de empleados por cuenta ajena de la empresa ‘sucedida’. Esa es la constatación más palmaria de la acción coordinada entre Citroën, Intatore y sus participadas Tarrauto y Joaquín Oliva”.

El próximo viernes 25 de enero, se ha citado en el juzgado, en calidad de testigos, a varios trabajadores de Samsa.