Las empresas de alquiler de vehículos compartidos han presentado alegaciones al impuestazo que ultima el gobierno municipal de Barcelona, que comanda Ada Colau. Las firmas han entrado un escrito que carga contra la propuesta de regulación del sector, que conlleva el pago de una tasa de 71,51 euros por vehículo y año por el uso que hacen motocicletas y bicicletas de la calle.
Según ha avanzado Expansión citando a Smart Mobility, la asociación-patronal que une a las enseñas en la Ciudad Condal afea a Colau el nuevo gravamen y el hecho de que el ayuntamiento quiera imponer también un sistema de licencias. La asociación, que agrupa a eCooltra, Scoot, Mobike, Donkey Republic, Yugo, Coup y Movo creen que la iniciativa del Ejecutivo de Colau es "discriminatoria y desproporcionada".
"Están siempre en circulación"
Las empresas alegan que los 71,51 euros al año por ocupación de vía pública son injustos porque los vehículos no están siempre estacionados, y no se tiene en cuenta que la mayor parte del día "están en circulación”. Las firmas de motos de alquiler también critican que no haya discriminación entre bicicletas y motos por el espacio que ocupan en la nueva normativa que pergeña el Ejecutivo local.
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, durante un acto público festivo / EFE
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, durante un acto público festivo / EFE
Por otro lado, Smart Mobility denuncia que la tasa es contraria a la "libertad de establecimiento" que establece el Tratado Fundacional de la Unión Europea (UE). Agrega la patronal de vehículos compartidos que la regulación es "discriminatoria" porque no se aplica a particulares y sí a empresas que usan el espacio público. Además de cargar contra las barreras al mercado de la movilidad que impone la tasa, la entidad lamenta que no se tenga en cuenta el "positivo impacto ambiental y social" de sus empresas.
"Peligra" la expansión
Como avanzó este medio, las empresas de motosharing y bikesharing critican que el ayuntamiento quiera imponer licencias a los vehículos compartidos, además de la tasa de 71,51 euros al año. Creen que ambas medidas responden a un "afán recaudatorio" y que amenaza los planes de crecimiento que habían diseñado las firmas para Barcelona. Por ello, expresan su "preocupación" ante las nuevas medidas del gobierno municipal.
Parte de esa intranquilidad parte del hecho de que creen que el equipo de Colau ultima un límite al número de motos y bicicletas compartidas en la Ciudad Condal, una cifra que, creen, "quedaría obsoleta de inmediato", habida cuenta del crecimiento que está experimentando el sector. Defienden su postura alegando que están creando puestos de trabajo y eliminando polución, ya que todas las firmas asociadas a Smart Mobility utilizan vehículos a pedal o eléctricos.