La multinacional del juego Barrière ha anunciado que demanda al Gobierno de Andorra por las presuntas irregularidades en el concurso internacional para gestionar el primer casino del país. Vehiculó la oferta pública a través de la sociedad del Principado Lleure 3D, participada también por socios locales. Ha sido esta compañía la que ha demandado ante el juez la situación y reclama la “suspensión urgente” de la licencia que se ha otorgado a otro grupo del territorio, Jocs.
En el escrito judicial, avanzado por Europa Press, indica que la plica que se ha hecho con la concesión incluye aspectos “ilegales”. Apunta, asimismo, que ha proyectado un edificio cuya construcción es completamente irreal y que supone un perjuicio “exorbitante” para las arcas andorranas si se lleva a cabo y los tribunales concluyen que resultó una adjudicación ilegal. Avisa de este modo de la inseguridad que presenta el concurso.
Denuncias anteriores
No es la primera demanda judicial que se ha cursado contra una de las iniciativas estrella del Gobierno de Antoni Martí. Casinos de Àustria, Cirsa, Genting y Partouche también han reclamado que se suspenda la licencia y demandan a los tribunales que se investigue el proceso de adjudicación.
Pese a las demandas de las grandes firmas del juego internacionales, el Ejecutivo del Principado debe proseguir con la licitación del primer casino del país. Este viernes es la fecha límite para que el equipo de Martí haga público si da luz verde a Jocs o no para que saque adelante la propuesta ganadora.
Problemas de la concesión
De forma detallada, Barrière y sus socios andorranos avisan de que Jocs no puede garantizar el arrendamiento del terreno donde pretende construir el casino. Recuerdan que la plica de otro aspirante, Genting, fue descartada por la mesa de adjudicación por el mismo motivo.
Los fallos del proyecto arquitectónico es el dibujo de una cubierta en su zona superior que no existe y por plantear un enlace con la avenida Meritxell, una de las principales arterias de comunicación del país. Los denunciantes señalan que los propietarios no han concedido la autorización pertinente para unirse con el casino.
Falta de experiencia en el sector
También cuestionan la capacidad de gestión de Jocs de un casino del tamaño del andorrano. Los socios de esta compañía no pueden acreditar experiencia previa, pero se han impuesto a las propuestas que han cursado el resto de las multinacionales que aspiraban a operar en el país de los Pirineos.
Jocs mantiene un acuerdo con Novomatic para gestionar máquinas de azar. Según la demanda judicial, este pacto es sólo tecnológico y no contempla otras cuestiones esenciales para operar un casino. Como es la formación de los trabajadores de la sala o las medidas de prevención a la adicción del juego que se deben aplicar.
Estos hándicaps que, según los denunciantes, estaban claros desde el momento en que se presentó la plica no han impedido que se ganara el concurso internacional que se abrió a finales de 2018. Está un juego un casino en Andorra la Vella que prevé captar 200.000 visitas anuales y generar un impacto de 95 millones de euros.