España y Andorra actuaron de forma coordinada para intervenir BPA

La polémica sobre la actuación de las autoridades españolas en Andorra por el caso BPA ha subido de intensidad en el Principado tras las declaraciones del que fuera número dos del consejero Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez Vázquez. El entonces alto cargo de Interior ha reconocido que los gobiernos de ambos países y los supervisores financieros actuaron de forma coordinada “antes y después” de la intervención de la entidad, que tuvo lugar el 10 de marzo de 2015.

Según el diputado del PP, este trabajo conjunto se enmarca en la normalidad de las relaciones bilaterales que mantienen ambos países en casos en que se persigue el tráfico de drogas o divisas. O el blanqueo de capitales, la principal acusación que vertió el Fincen, el organismo que persigue el lavado de dinero internacional adscrito al Tesoro de EEUU. El problema es que la instrucción de la acusación y caída de la entidad ha puesto en duda la confabulación de ambos Ejecutivos.

Mensaje de la embajada de España

En una grabación relacionado con el sumario del caso que también se ha divulgado en el Principado se indica que los accionistas mayoritarios de BPA, los hermanos Ramon e Higini Ciero, recibieron un mensaje desde la embajada de España que dejaría en el aire la normalidad de la colaboración bilateral de la que habla Martínez Vázquez.

Según la grabación, el inspector jefe del Cuerpo General de Policía informó a los propietarios del banco andorrano que el Banco de España había iniciado una inspección a su filial en el país, Banco Madrid, “y se lo van a cargar”. Apuntan a que existen unos “americanos interesados en darles el hachazo” y que “todo se puede paralizar siempre que su banco esté para algo”.

Oferta desconocida

El informante desconocía qué querían pedir las autoridades españolas a los accionistas de la entidad. Los hermanos Cierco se mostraron interesados en escuchar la demanda, pero por el resultado del caso no parece que hubieran llegado a un entendimiento con los propietarios de BPA.

La instrucción del caso BPA continúa en el país vecino. El Tribunal de Corts tiene pendiente decretar la nueva fecha de un juicio que busca determinar qué ocurrió para que BPA acabase en la lista negra del Fincen, si hubo dejaciones por parte del Gobierno del Principado y si estas generan alguna responsabilidad política. Por el momento la celebración está aplazada, ya que la justicia del país debía responder a las peticiones de recusación de varios magistrados. Esta misma semana se han rechazado todas ellas.

También existen causas abiertas ante la justicia española y estadounidense con el mismo objetivo. Esclarecer qué ocurrió para que la entidad estallase en 2015.