La justicia española rechaza que Banco Madrid blanqueara capitales

Banco Madrid no disponía de ninguna estructura creada con el objetivo de blanquear capitales en la entidad. Así lo certifica el Juzgado de Instrucción 38 de Madrid en un auto notificado este martes en el que archiva una querella de las sociedades Marine Instruments y Luiniaski contra los dos principales accionistas de la entidad, los hermanos Higini y Ramón Cierco, también propietarios de Banca Privada d’Andorra (BPA).

La causa judicial parte de una resolución dictaminada el 13 de febrero de 2017 por la Audiencia Nacional. En ella, se diferenciaba de las prácticas ilícitas que pudieran haber realizado los clientes de la entidad y la existencia de una estructura en el banco con este fin que llevara a una imputación de la cúpula directiva para responder a los delitos pertinentes.

Falta de pruebas

Tras la investigación que se ha realizado, el tribunal de instrucción es claro. “Debe examinarse si de lo actuado en el procedimiento se desprende que los investigados, no como tales, sino como miembros de los órganos de dirección de Banco de Madrid, crearon una estructura destinada a permitir, facilitar, operaciones de blanqueo de capitales”, señala el magistrado, “o si de manera premeditada, consciente, decidieron que el sistema y control de posibles operaciones de blanqueo fuese permeable y fácilmente sorteable”. “Hasta el momento se puede concluir, en conciencia, que no existen indicios suficientes de ello”, sentencia.

Basa su conclusión en el informe pericial que efectuó Sepblac y su “posterior ratificación”. Esta indagación señaló que existían “deficiencias” en los sistemas de prevención de blanqueo de Banco Madrid pero que tras el cambio en la dirección, los accionistas de BPA, se “incrementó de forma exponencial el número de personas destinadas a verificar el cumplimiento normativo de prevención”. Concretamente, seis personas.

Vigilancia del lavado de capitales

También determinó que la entidad quebrada no podría actuar de forma coordinada con su grupo matriz, BPA, para facilitar el lavado de dinero de clientes del Principado, un país con una normativa antiblanqueo que en ese momento era mucho más laxa que en la Unión Europea. El perito señaló que los “sistemas informáticos de ambas entidades estaban completamente separados y en absoluto vinculados” y que no encontró “ningún nexo o vinculación” entre los clientes.

Higini Cierco junto a Joan Pau Miquel frente a la sala de vistas del 'Caso BPA' / CG

Higini Cierco junto a Joan Pau Miquel frente a la sala de vistas del 'Caso BPA' / CG

De hecho, detectó “algo más de 10 operaciones sospechosas” que el propio Sepblac había “delimitado”. La operación más polémica en la que se hizo hincapié de Banco Madrid y en la que parece que intervino el consejo de administración afecta al “ciudadanos ruso Andrei Petrov y a su empresa, DDC”. El juez señala que se trata de una transacción “equívoca” porque el cliente solicitó un préstamo de un millón de euros.

Trabajo de KPMG y Deloitte

Manifiesta que este préstamo no puede llevar a considerar que todo Banco Madrid trabajaba con el fin de lavar dinero y destaca que se reforzó tanto el sistema de vigilancia interno como el externo. En este sentido, se contrató el trabajo de KPMG y Deloitte para que actuaran de fiscalizadores independientes para “examinar la actitud proactiva del banco en medidas de prevención de blanqueo” de capitales”.

La cúpula incluso promovió comunicaciones voluntarias de información tras detectar operaciones sospechosas. Concretamente, 17 en tres años desde que los Cierco aterrizaron en Banco Madrid en 2012. En los cinco años precedentes la anterior dirección sólo denunció ocho transacciones. 

Concurso “fortuito”

Las pesquisas judiciales también determinan que no existe información suficiente para asegurar que Mauricio Escribano y Sergi Fernández, dos ejecutivos implicados en la causa, realizaran “operaciones de facilitación del blanqueo de capitales en nombre o por cuenta de Banco de Madrid”. Indica, asimismo, que ninguno de ellos ha pertenecido nunca a la entidad sino a BPA. Es decir, diferencia de nuevo los dos grupos financieros que compartían propietarios.

Instrucción 38 también destaca que el concurso de acreedores de Banco Madrid “a raíz de su intervención” fue calificado de “fortuito” y que no hubo negligencias en la gestión. Por lo que no se puede imputar la responsabilidad de la quiebra a su última dirección.

Cuarto aval en España

Los portavoces de la familia Cierco destacan que esta es la “cuarta decisión judicial en España que saca todo tipo de responsabilidad” a la cúpula de la entidad de la quiebra.

También destaca que en la parte del auto en que se hace referencia a la “controvertida aspiración de datos informáticos bancarios que agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (Udef) de la Policía Nacional llevaron a cabo en el Principado de Andorra a petición del ministerio fiscal” se obtuvieron de “forma anómala” al no estar avalada por el ordenamiento jurídico español y “no ha aportado nada relevante” a la causa que ha sido archivada y sobreseída.