El Gobierno quiere cambiar las reglas del juego para detener la imparable subida de precios en el alquiler de viviendas que se viene registrando, y el fondo estadounidense Blackstone, el mayor casero de España, está que trina.

Ve que, de materializarse los ejes básicos contemplados en el proyecto de reforma integral que se tramita en el Congreso, se le viene abajo todo el entramado montado en los últimos cinco años, en los que ha invertido 25.000 millones de euros, de cara a obtener unos pingües beneficios tras haber comprado los activos a precio de saldo.

Vencimientos y rentas

Al más alto nivel, ejecutivos de Blackstone, como Claudio Boada o Eduard Mendiluce, están ejerciendo toda la presión posible para tratar de que el Gobierno retire la reforma o, al menos, introduzca modificaciones sustanciales en los términos en que se ha planteado.

Especialmente en lo tocante a elevar el vencimiento de los contratos hasta los siete años cuando el propietario es un inversor institucional, y también en limitar el incremento de las rentas al IPC. Entiende el fondo estadounidense que no se pueden cambiar las normas a mitad de partido, dando a entender que, en ese caso, la inversión realizada no se hubiera acometido.

Las premisas del fondo para invertir en España

Blackstone ha entrado en el mercado de alquiler en España con dos premisas, que deja claramente expuestas en la presentación de resultados de sus socimis. Una, que la demanda de las viviendas en alquiler seguirá en aumento y también lo harán las rentas, y, otra, que, con un 20% de alquiler, nuestro país tiene mucho camino por recorrer para alcanzar la media europea del 35%.

Si el Gobierno cambia las normas vigentes, el cumplimiento de los objetivos, en base a estas premisas, se pone en peligro. Está en juego la obtención de unas rentas anuales de unos 500 millones de euros por el alquiler de una cartera que, tras la compra de los activos residenciales de la socimi Testa, alberga unas 55.000 viviendas en alquiler.

Interpelación pública de Boada a la ministra 

Hace tres semanas, era el propio Claudio Boada, máximo responsable de Blackstone en España, el que, aprovechaba la presencia de la ministra de Economía, Nadia Calviño, en un desayuno organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España, para interpelarla por el cambio en la ley de arrendamiento que prepara el Gobierno.

“Nos parece que estos artículos que se están discutiendo pueden elevar el precio del alquiler y reducir la inversión”, apuntó Boada para añadir que “la sensación del fondo que represento, y me consta que de otros, es de preocupación ante las medidas, pero también esperanza porque queremos seguir invirtiendo en este país”.

Discriminación entre particulares y empresas

Una preocupación que también ponía de manifiesto hace unos días, en el marco de otro evento, Eduardo Mendiluce, responsable de Anticipa y Aliseda, dos de las sociedades tenedoras de los activos residenciales de Blackstone en España.

Criticaba el directivo catalán la doble vara de medir que plantea el Gobierno para fijar la duración de los contratos. Ampliar de tres a cinco años si el propietario es un particular, y hasta siete si es una sociedad. “Esta diferenciación resulta discriminatoria y tiene como único objetivo penalizar a los inversores institucionales, sin que se derive ningún beneficio para el conjunto de la ciudadanía”, argumentaba.

Efecto contrario al buscado por el Gobierno

Lógicamente, tampoco le agrada a Mendiluce que se pretenda regular la actualización de las rentas, ligándolas exclusivamente a la subida del IPC, y aboga por mantener la ley vigente que fija la subida al incremento de precios, salvo que exista un pacto entre las partes, con aumentos de renta que compensen inversiones en mejorar la vivienda.

Para meter más presión al Gobierno, los responsables de Blackstone advierten de que, de aprobar estas modificaciones, no se va a lograr el objetivo que se busca, de que los ciudadanos con menos recursos se vean favorecidos en el acceso a una vivienda. Todo lo contrario.

Pintan un panorama con menor oferta y subida de precios y un aumento de las rentas al inicio del contrato para compensar la práctica congelación de las mismas durante la vigencia del contrato.