Las subidas de sueldos de los exdirectivos de Catalunya Caixa en enero y octubre de 2010 atienden a sendos delitos de administración desleal según Fernando Maldonado, el fiscal que investiga la causa. Defiende que la medida aprobada por el consejo de administración de la caja de ahorros supuso "una grave lesión" a los intereses empresariales. Respalda esta acusación con las dificultades financieras que vivia la entidad, así como con la situación de crisis económica que vivía el país.
El informe final que Maldonado ha presentado en la Sección 8 de la Audiencia de Barcelona rebaja de cuatro a tres años la petición de cárcel para Narcís Serra y Adolf Todó, expresidente y ex director general de Catalunya Caixa, respectivamente. En su explicación alega que los dos altos directivos de la entidad financiera "no fueron ni ordenados empresarios ni representantes leales", ya que manejaron los fondos sin control.
Sueldos "de primera división"
El fiscal cifra el efecto económico de las subidas salariales en 783.000 euros. El fiscal Maldonado ha explicado que los directivos buscaban tener retribuciones "de primera división" como los que recibían sus homólogos en bancos, cuando la caja de ahorros jugaba "en segunda".
El fiscal ha considerado probado que, al contrario de lo que afirmaron Serra y Todó en el juicio, este último estuvo presente en las votaciones del consejo de administración porque así lo dijo cuando declaró en el juzgado de instrucción y ha defendido que el Banco de España no estaba al corriente de las decisiones y que se enteró posteriormente por la prensa.
'Bronca' a los consejeros
Ha cargado también contra los consejeros que votaron a favor de los acuerdos retributivos, que se escudaron en que no tenían formación financiera, confiaban en el equipo directivo, tenían información positiva de la evolución de la entidad y que querían fidelizar a la dirección. "Cobraban 1.625 euros en dietas por asistencia y ese año 80.000 euros en total de enero a noviembre" les ha afeado y ha asegurado que actuaron con ignorancia deliberada. "Lo mínimo que se les puede pedir que es que se miren los datos", ha agregado.
Maldonado no ha tenido reparos en acusar a los consejeros de malas prácticas. Considera que los miembros del consejo de administración fueron cooperadores necesarios para que las subidas de retribuciones se llevaran a cabo a pesar de la difícil situación económica de Catalunya Caixa. Alega que "eran los únicos que podrían haber articulado algún mecanismo de rechazo" y, por no actuar de esta manera, incurrieron también en delito. Para los 39 consejeros de la entidad (en total, la causa juzga a 41 personas) pide penas de cárcel de entre nueve y 15 meses, en función de su participación.