Los antiguos accionistas mayoritarios de Banca Privada d’Andorra (BPA), los hermanos Higini y Ramón Cierco, han presentado una demanda en Estados Unidos para obtener información sobre los vínculos entre el fondo buitre JC Flowers, la entidad que finalmente se ha hecho con los restos del antiguo banco andorrano cuando pasó a llamarse Vall Banc, y los bonos convertibles emitidos por la entidad y que acabaron en fiasco.
La demanda, en la que también participa Joan Pau Miquel, antiguo CEO de la entidad, se denomina Petición bajo la ley 1782 del Código Federal y sólo se aplica en el territorio norteamericano. Consiste en reclamar datos para demostrar una tesis apoyada en otros datos en relación a un litigio en otro país.
¿Bonos inflados?
El Vall Banc canjeó la deuda que generó con PBA por la cesión de activos con bonos convertibles, conocidos como CoCo’s. Esos bonos fueron emitidos por el banco por un valor de 70 millones de euros. Era una forma de cumplir con los requisitos de solvencia impuestos por las autoridades monetarias.
La modificación de los criterios de solvencia, la caída de los tipos de interés y el hecho de que Vall Banc no pagaba a los tenedores provocó la caída en picado de su valor. De hecho, JC Flowers acabó comprándolos por 12,8 millones y haciéndose con el banco.
Los hermanos Higini y Ramón Cierco ante los tribunales de Andorra / FOTOMONTAJE DE CG
Parte de una querella
La petición a las autoridades estadounidenses está relacionado con la querella interpuesta en Andorra contra la Agencia Estatal Andorrana de Resolución de Entidades Bancarias (AREB), el Instituto nacional Andorrano de Finanzas (INAF), los administradores públicos del BPA, Vall Banca y JCF IV BV Holdings, titular del banco resultante.
El vínculo americano de JCF IV BV Holdings permite preguntar a las autoridades de este país cualquier cuestión que pueda usarse como prueba en el litigio andorrano de que la creación de aquellos CoCo’s formaba parte de una estrategia para vaciar el banco en beneficio del fondo buitre y que nunca tuvieron el valor que se les dio.
Datos y sospechas
Los accionistas mayoritarios del BPA también tienen activado desde hace años un litigio contra la unidad dependiente del Tesoro de EEUU dedicada a la lucha contra el blanqueo de capitales (FinCen) para forzar a este organismo a que entregue la documentación intercambiada con las autoridades españolas y andorranas en relación al BPA. Aunque FinCEN no parece tener prisa por satisfacer la demanda, la desclasificación documental puede producirse en breve.
La sospecha de los expropietarios del banco es que se eligió BPA para meter en cintura al Gobierno andorrano, como probaría el hecho de que FinCen retiró su primera acusación de blanqueo de dinero, una rectificación que sen produjo después de que los Cierco pusieran una demanda en EEUU contra este organismo por haber actuado de forma desproporcionada.