Acciona anunció casi en el mismo día en que se confirmó que perdería la gestión de Aigües Ter Llobregat (ATLL) que estaba dispuesta a arrastrar de nuevo a la Generalitat ante los tribunales por una cuestión económica. Esta semana ha dado el primer paso en este sentido al presentar un escrito ante el Gobierno catalán en que reclama más de 1.000 millones de euros de indemnización como contraprestación a la resolución del contrato. Una cifra que contrasta con los 308 millones que reconoce el Gobierno catalán.

¿En qué radica esta diferencia sustancial? En la valoración del lucro cesante. La cotizada de la familia Entrecanales se basa en un estudio que encargó a PwC en el que valora el impacto que tendría quedarse sin una concesión que se firmó en 2012 y que debía estar vigente durante 50 años. Por eso la compensación estimada alcanza los 1.074 millones, tal y como publica Expansión.

La cotizada ha detallado este cálculo en comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En el documento, afirma que exsiten "informes periciales" que determinan en 305 millones de euros la liquidación del contrato del gestión del servicio "según lo pervisto en su cláusula 9,12". Asimismo, añade otros 769 millones por "daños y perjuicios". Indica también que los 1.074 millones de euros no computan la "deducción de las provisiones por liquidación ordinaria del contrato (aproximadamente 38 millones de euros)". 

Valoración del lucro cesante

El Ejecutivo catalán nunca a contemplado el lucro cesante en la indemnización que había previsto. Los juristas de la Generalitat justifican que el contrato de ATLL estaba en duda en el momento de la firma, ya que el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público (entonces llamada Oarcc) tenía pendiente emitir su resolución sobre los problemas que se habían detectado durante el proceso de licitación. Lo hizo días después de que se formalizara la operación.

Concluyó que la modificación del calendario de inversiones era motivo de descalificación en el proceso, ya que alteraba de forma sustancial el precio final del servicio. Tanto el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) como el Tribunal Supremo (TS) avalaron esta valoración y decidieron, directamente, anular todo el proceso.

Este último confirmó el pasado febrero que se habían alterado los principios de igualdad en concurso público y en transparencia, por lo que abría la puerta a la resolución de la concesión. Decisión que el Ejecutivo de Quim Torra anunció que quería aplicar el 1 de enero de 2019, aunque fuentes del entorno de la consejería de Territorio y Sostenibilitat advierten de que se podría prolongar. Se trabaja para que una compañía pública de nuevo cuño tome el relevo en la gestora del agua, pero aún no se ha iniciado la creación de esta firma. 

Riesgo asumido

Es decir, desde el punto de vista jurídico Acciona asumió el riesgo de perder ATLL en el mismo momento de la firma. La propia ratificación del contrato ya fue extremadamente compleja, ya que el representante del Gobierno catalán fue el entonces secretario de la consejería de Territrio y Sostenibilidad, Pau Villòria (hoy comisionado por el 155 de Torra). Se hizo en plena transición entre el primero y el segundo Gobierno de Artur Mas. Las prisas de la Generalitat por obtener los 300 millones de euros de desembolso inicial de la operación propiciaron a que no se esperara al nuevo legislativo.

Acciona reconoce este calendario. Se cubrió las espaldas en una notificación a la CNMV que publicó en medio del periplo judicial que ha durado seis años. En ella, explicó que la Generalitat le había presionado para firmar el contrato y que para convencerles había asumido el compromiso de abonar la compensación económica que fuere pertinente. Cuestión que habilitaría la posibilidad de pagar el lucro cesante.

El Gobierno catalán debe responder ahora a la petición que Acciona le ha hecho por escrito respecto a ATLL. Desde el sector se espera un nuevo conflicto judicial ante el que ambas partes ya se están armando.