Andorra se prepara para las próximas elecciones en el Principado, que tendrán lugar en la próxima primavera. Demócratas por Andorra, el partido del actual presidente, está inmerso en una lucha para buscar el sucesor de Antoni Martí. La sombra del caso BPA estará siempre presente en su mandato, pero desde el plano político amenaza con amargarle aún más los últimos meses en el cargo.
Jordi Gallardo, presidente de los Liberales de Andorra / CG
Jordi Gallardo, presidente de los Liberales de Andorra / CG
Los Liberales, el partido que le facilitó la mayoría absoluta en los comicios de 2011, han exigido explicaciones al Ejecutivo sobre cómo entregó información a la embajada española tanto de la entidad intervenida del Principado como de su filial Banco Madrid (BM). Han denunciado los supuestos fallos en la filtración de esta información en una rueda de prensa y han entrado una pregunta parlamentaria al respecto.
Primeras declaraciones en sede parlamentaria
Será la segunda ocasión en que el Gobierno del país vecino deba responder sobre esta cuestión. Aunque con la maquinaria electoral puesta en marcha, será poco probable que pueda lanzar balones fuera como ocurrió anteriormente.
En esa ocasión, el equipo de Martí aseguró en sede parlamentaria que la entrega de datos de clientes que la Fiscalía Anticorrupción española le hizo mediante una comisión rogatoria tuvo lugar con todas las garantías. Mantuvo que se hizo en “cooperación total”.
Reunión de nueve horas
Las últimas informaciones al respecto ponen en duda esta declaración. Se explica que dos informáticos de BPA se reunieron durante más de nueve horas con dos agentes de la Policía Nacional y el agregado de Interior de la embajada española, Celestino Barroso, en el edificio institucional. Además, le entregaron un disco duro de gran capacidad que presuntamente contenía datos de todos los clientes de la filial española.
Se desconoce qué tipo de información exacta se puso en manos de los representantes del Estado en Andorra, ya que el encuentro no estuvo supervisado ni por la judicatura ni por los cuerpos de seguridad del Principado. De hecho, su autorización legal llegó días después de que tuviera lugar la reunión.
Registros de la embajada
Los registros de entradas y salidas de la embajada española contemplan la entrada de los informáticos de BPA el 24 de marzo de 2015, dos semanas después de que el Gobierno andorrano tomara el control del banco. La firma de la magistrada que instruye el caso en la Batllia del país, Canòlic Mingorance, no llegó hasta días después.
Si se llega a confirmar esta información, Martí se enfrentaría a un problema. En el momento en que los informáticos se presentaron ante la embajada española era su Ejecutivo el máximo responsable de la gestión de BPA. La entidad ya estaba intervenida en ese momento. A nadie se le escapa en el país vecino que un nuevo escándalo en este sentido complicaría la carrera electoral en DA. Más, cuando desde la oposición se quiere dar forma a una candidatura de unidad que plante cara al hasta ahora partido hegemónico en el país pirenaico.