Narcís Serra: "Mi sueldo en Catalunya Caixa lo regulaba el Banco de España"

El exministro de Defensa y expresidente de CatalunyaCaixa, Narcís Serra, ha asegurado hoy que su sueldo al frente de la entidad financiera "era ajustado y estaba regulado". El que fuera máximo responsable de la compañía ha declarado hoy en la Audiencia de Barcelona junto a Adolf Todó, exdirector general de la caja. Ambos se enfrentan a dos delitos de administración desleal, que acarrean penas de hasta cuatro años de cárcel.

La cúpula de CatalunyaCaixa, en la vista de hoy en la Audiencia de Barcelona / EFE

En su comparecencia, Serra ha defendido que sus emolumentos "estaban en línea con los del mercado". Más importante, el también exvicepresidente del Gobierno (1991-1995) ha argumentado que las administraciones conocían su retribución y la del resto del consejo de administración de la entidad, que tuvo que ser rescatada por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) con un total de 12.676 millones de dinero público. "Estoy convencido de que el Banco de España y la Generalitat de Cataluña conocían esta información", ha defendido respecto a las subidas salariales de la dirección cuando la empresa fue rescatada. 

Fiscalía: "Irresponsabilidad"

La Fiscalía, la principal acusación en el caso sueldos de CatalunyaCaixa, sostiene que Serra, Todó y otros quince altos directivos de la caja son culpables por una "irresponsable política de retribuciones". Pide cuatro años de cárcel para los 17 acusados por dos presuntos delitos de administración desleal. El Ministerio Público solicita dos años de cárcel para otros 24 acusados por un tipo penal de administración desleal. También exige compensar al Frob con 2,5 millones de euros por los perjuicios causados.

Por su parte, las dos acusaciones particulares solicitan penas más elevadas. La Confederación Intersindical de Cajas (Cic) pide diez años de cárcel para Adolf Todó por apropiación indebida y administración desleal. Con lo que respecta al expresidente de la caja, la organización sindical pide al juez una pena de cuatro años de privación de libertad, la misma que exige para los otros 40 acusados.

A su vez, la CUP, que también está personada en la causa, solicita penas de hasta siete años de cárcel para los dos principales acusados: Serra y Todó.

Todó, cuatro millones

Cabe recordar que Narcís Serra se enfrenta a la justicia tras haber subido el sueldo a la cúpula de CatalunyaCaixa al mismo tiempo que el Frob inyectaba más de 12.500 millones entre 2010 y 2012 en la entidad financiera por su precaria situación financiera. La grave crisis de la empresa , causada por las "retribuciones e indemnizaciones desproporcionadas y ajenas a su real situación de insolvencia", acabó con el despido de unos 1.600 empleados y la absorción de la caja por parte del BBVA.

Antes de ello, el exdirector general se embolsó unos emolumentos de 600.000 euros anuales, una cantidad que acabaría aumentando. Todó percibía otro 35% de retribución variable en función de objetivos. Asimismo, el alto directivo de CatalunyaCaixa se aseguró una jubilación dorada a los 60 años, con el 90% del sueldo durante los siete primeros años y el 80% de lo cobrado en el periodo de tiempo para el periodo posterior.

Todó, que cobró más de cuatro millones de euros entre 2008 y 2012, también pergeñó un seguro vitalicio para su hija. En función del mismo, su descendiente recibiría un 50% del sueldo cobrado por su progenitor en los últimos doce meses durante toda la vida.

Serra, dietas elevadas

Por su parte, la Fiscalía afea a Narcís Serra sus "elevados emolumentos en concepto de dietas" por presidir las comisiones y los consejos de administración, que oscilaron entre los 24.801 y los 135.707 euros al año. Asimismo, a partir de 2007, al también exministro se le asignó una percepción de 175.000 euros al año en su función de presidente no ejecutivo.

Imagen de Narcís Serra, expresidente de CatalunyaCaixa / EFE

El fiscal Fernando Maldonado denuncia "retribuciones e indemnizaciones desproporcionadas y ajenas a la real situación de insolvencia" de la entidad financiera y un "reprochable y espúreo" uso de los fondos de una caja cuyo retorno debería de haber sido reinvertido en la obra social de la misma. En relación al consejo de administración, el representante del Ministerio Público critica las "escandalosas y millonarias indemnizaciones" del resto de miembros del consejo de administración, hecho que se agravó tras las fusiones de Caixa Manresa y la Caja de Ahorros de Tarragona con la entidad en 2010.