BBVA da su brazo a torcer: pacta los despidos de CatalunyaCaixa

Las 2.500 personas que salieron a la calle este miércoles para reclamar que BBVA relajara las condiciones del expediente de regulación de empleo (ERE) en CatalunyaCaixa han conseguido parte de sus objetivos. Los sindicatos han anunciado un preacuerdo con la dirección del grupo en el que han conseguido el mayorde ellos: reducir el número de despidos.

La reestructuración final implicará la salida de 1.557 trabajadores, 50 menos de lo previsto al inicio de la semana y casi 450 menos que los del primer diseño del plan. La intención inicial de los representantes de los trabajadores era ahorrar 150 extinciones, pero han rebajado la cifra a cambio de mejoras en el plan social de la entidad.

Mejoras en las bajas incentivadas

Dirección y sindicatos han acordado un “catálogo de medidas voluntarias y no traumáticas” que esperan consiga “alcanzar el objetivo pretendido sin recurrir a medidas de afectación forzosa”, indica CCOO en un comunicado. Las salidas se producirán en dos fases, la primera voluntaria (1 al 21 de septiembre) y la segunda forzosa (a partir de noviembre).

Básicamente, se refuerzan las compensaciones por las prejubilaciones y las bajas voluntarias, que recibirán finiquitos de 50 días por año trabajado pero sin derecho a la prestación de desempleo. BBVA también facilita recolocaciones en otras oficinas de Cataluña, en otras localidades españolas en el caso de los empleados del banco originarios de otras comunidades y facilita la entrada de 400 empleados de CatalunyaCaixa al banco presidido por Francisco González.

Otra victoria sindical es el compromiso del nuevo dueño del banco de que se garantizará el nivel retributivo que actualmente existe en la plantilla de CatalunyaCaixa. Para los empleados de la entidad es muy importante por los procesos de reestructuración previos que ya han vivido.

Ratificación la próxima semana

Desde que el fondo de reestructuración bancaria ordenada (Frob) intervino CatalunyaCaixa en 2011, la plantilla ha visto como su cúpula era acusada de irregularidades, se sentaba tanto ante los tribunales como ante el Parlament de Cataluña en la comisión sobre la quiebra de las cajas catalanas y, de forma paralela, sus condiciones laborales se recortaron mientras el Estado buscaba al comprador ideal. La plantilla se redujo de los más de 8.000 a los 4.600 empleados actuales.

Antes de todo eso, las plantillas procedentes de las cajas de Catalunya, Tarragona y Manresa habían pasado por un ERE, producto de la integración de las tres entidades.