Nueva vuelta de tuerca a la llamada economía colaborativa. El Gobierno estudiará cómo adecuar la fiscalidad de plataformas de sectores de alojamiento o transporte (como Airbnb, Uber y Cabify) porque “generan miles de millones de euros y no tributan de manera adecuada”. Son palabras de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
La fiscalidad actual, ha explicado Montero, “no reconoce este tipo de actividad y [las plataformas] entran en competencia desleal con sectores tradicionales”, ha afirmado en el Senado. Esta declaración de intenciones llega días después de que Interior anunciara una nueva regulación para las VTC tras las protestas del sector del taxi.
Recuperación económica "justa"
La ministra ha defendido que el Gobierno busca pactos con quienes estén dispuestos a hacer “concesiones” desde una vía responsable”. En este sentido, ha advertido de que no va a hacer “dejación de responsabilidades políticas” porque algunas formaciones se empeñen en derribar” al Ejecutivo.
Ello le ha servido para introducir que trabaja para que los presupuestos de 2019 sean “más sociales, igualitarios y redistributivos”, para lo que contará con 125.000 millones de euros, una cantidad que permitirá el desarrollo de políticas en pro de una recuperación económica “más justa”, ya que aún no ha llegado a “muchos hogares.
El veto del Senado
A este respecto, ha defendido que la modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para eliminar el veto del Senado al déficit no constituye un “menosprecio” ni una “falta de atención”, sino que se trata de una disfunción normativa.
Así, el Ejecutivo continuará con su “interés legítimo y democrático” para que vea la luz la proposición de ley que sortearía ese veto y permitiría establecer la senda de déficit del Gobierno socialista, que conlleva un margen adicional de 6.000 millones de euros.
El sueldo más frecuente: 16.497 euros brutos
En cuanto a la nueva fiscalidad, ha dicho que está pensada en forma de “revitalización de los servicios públicos” y de reducir las “enormes” desigualdades sociales. Por ello, Montero ha defendido que “paguen más los que más tienen y que reciban más lo que más lo necesitan en términos de salud, educación o de ayudas al alquiler”.
En concreto, ha afirmado que se subirá el IRPF a rentas superiores “a 140.000 o 150.000 euros”, es decir a aquellos que ganen más de 10.000 euros al mes. Así, ha recordado que el sueldo más frecuente en España es de 16.497 euros brutos anuales, por debajo de 1.000 euros al mes. La nueva fiscalidad “no va a afectar en modo alguno ni a la clase media ni a la clase trabajadora”.
Menos recaudación por Sociedades
Además, verá la luz un tipo efectivo mínimo del 15% en el Impuesto sobre Sociedades para grandes corporaciones, de forma que “no puedan valerse del elevado número de bonificaciones y exenciones” que hacen que las grandes compañías tributen a un tipo más bajo. Porque, con los datos en la mano, las empresas que facturan menos de 8 millones de euros pagan más que las que se sitúan por encima de ese nivel.
De hecho, ha asegurado que actualmente se recauda por Sociedades menos que en 2007, a pesar de que el volumen de negocio es igual o superior al de ese año.
El impuesto a las transacciones financieras
En el ámbito europeo ha criticado el “retraso” en una fiscalidad común y el espacio único para que haya figuras fiscales “homologables”, si bien ha valorado que la Comisión Europea trabaja “intensamente” con propuestas como que las compañías digitales declaren y graven sus beneficios allí donde su negocio alcanza un volumen determinado.
También ha detallado Montero que se están explorando “distintas opciones” sobre el impuesto de transacciones financieras, que se constituirá “en línea con Europa”, y se estudia, como se ha dicho anteriormente, un “tratamiento fiscal adecuado” para plataformas de economía colaborativa.
Bajada del IVA de productos de higiene femenina
Del mismo modo, se llevará a cabo una revisión “profunda” de la fiscalidad verde para combatir los daños del cambio climático en la salud, un paquete de medidas en el que trabaja el Ministerio de Transición Ecológica en el marco de una nueva ley.
En este contexto, se reducirá el diferencial de la tributación entre la gasolina y el diésel, aumentando el gravamen del gasóleo, sin afectar a transportistas ni autónomos, al tiempo que se reducirá el IVA de los productos de higiene personal femenina del 10% actual al tipo superreducido del 4%, ya que la fiscalidad actual es “discriminatoria”.
Ley de prevención y lucha contra el fraude
La ministra, que ha asegurado que el nuevo modelo fiscal se dirige a “blindar” el Estado del bienestar, también ha explicado que se simplificarán las arquitectura fiscales “complejas” actuales para “ponerle una alfombra” a los inspectores de Hacienda allí donde se detecten bolsas de fraude.
El Gobierno aprobará una ley de prevención y lucha contra el fraude para poner “luz y taquígrafo” a los complejos tramados societarios y contribuir a que la Agencia Tributaria cuente con los instrumentos necesarios.
Lista de morosos
A su vez, hará publica la lista de morosos con Hacienda incluyendo a los responsables solidarios y colaboradores, para que “se sepa quién está detrás de compañías que no cumplen con obligaciones fiscales”, algo que puede ser hasta “disuasorio”.
La ministra ha justificado todos estos cambios tributarios con el hecho de que España presenta un diferencial de 8 puntos del PIB en recaudación tributaria con los países del entorno, por lo que cree que hay “margen” para aproximarse sin que suponga una “carga añadida” para los ciudadanos.