El Ayuntamiento de Terrassa sólo ha conseguido el cambio de modelo de concesión en el servicio del agua sobre el papel. El consistorio liderado por Alfredo Vega (PSC) ha firmado un acuerdo de colaboración con Mina Pública de Terrassa, la filial de Agbar, que marca un nuevo capítulo en la relaciones entre ambas compañías para los próximos cinco años.

Se iniciará a partir del próximo 10 de diciembre, la fecha en que decae la actual prórroga del contrato de concesión vigente. La gestión formal del servicio pasará en esos momentos a manos de EPEL, la empresa pública que se ha creado ad hoc para gestionar el agua en la ciudad y que aún debe perfilar aspectos, como decidir una marca con la que operar. También entrará en vigor la nueva “fórmula de colaboración público-privada” que consta en el acuerdo que se ha firmado tras la mediación del Colegio de Abogados egarense.

Proveedor principal de EPEL

En el nuevo escenario que se abrirá, Mina Pública será el proveedor principal de EPEL. La “colaboración leal en el traspaso del servicio” que se defiende desde el ayuntamiento socialista se traducirá en la subcontratación del uso de las aplicaciones informáticas, las instalaciones y almacenes o el de las oficinas centrales de atención al usuario del hasta ahora concesionario del servicio, entre otras cuestiones.

Es decir, del trabajo que ya hacía como gestor del agua. La modificaciones que se llevarán a cabo serán casi visuales, como el cambio en la rotulación de las oficinas o en la factura del servicio que recibirá el usuario.

Contrato de alquiler

Destaca que en este pacto también se incluyen los caudales y los pozos de agua de Mina Pública. Representan aproximadamente el 10% del agua que se consume en la ciudad y sin este pacto el ayuntamiento, el propietario único de la EPEL, debía comprar más agua al sistema ATLL. Eso era contraproducente para la ciudadanía. Las tarifas que se aplican en la red operada por ahora por Acciona --otro conflicto sobre el servicio en Cataluña que aún está pendiente de resolver-- son más altas que las que cobraba la filial de Agbar. Tenía impacto en la factura final del consumidor.

De forma oficial, el equipo de Vega reconoce que “aborda” con la dirección de Mina las “condiciones del contrato de alquiler” de todos estos servicios. Se esperan cerrar los detalles concretos en las próximas semanas. También remarca que subcontratará otras tareas de la gestión del servicio, como la ejecución de obras.

Efectos laborales

Otro aspecto importante del nuevo marco de colaboración público-privada que se ha establecido en Terrassa es que se reduce el impacto laboral del cambio de modelo de prestación del servicio. Se ha pactado garantizar los empleos y las condiciones de trabajo de toda la plantilla de Mina Pública.

La subrogación de estos empleados con el blindaje de sus condiciones a EPEL era otra de las cuestiones que estaba en el aire con el cambio de modelo de concesión del servicio. Existían verdaderas dudas de que se pudiera completar en tiempo y forma.

Fin del conflicto político

Para el Ayuntamiento de Terrassa, el nuevo acuerdo de colaboración también le otorga más tranquilidad desde el punto de vista jurídico. Mina Pública se compromete a rebajar los litigios iniciados contra el expediente de cambio de modelo.

Cabe tener en cuenta que los procedimientos burocráticos también suponían un galimatías para el consistorio socialista. A los problemas en armar la nueva sociedad pública y planificar su puesta en marcha con el cumplimiento de todos los compromisos adquiridos, tanto desde el punto de vista laboral como por mantener la calidad del servicio, se le unía tener que cumplir al dedillo procedimientos administrativos complejos.

Vega gana tranquilidad

Entre otros, había chocado con la Dirección General de Administración Local de la Generalitat por la fórmula elegida para iniciar el proceso. El organismo del Gobierno catalán indicó a Vega antes del verano que la simple validación del pleno de la corporación no era suficiente y le requería informes que justificaran el cambio de modelo. Como el visto bueno de la Comisión Jurídica Asesora, un paso con el que la Administración se cubría las espaldas ante posibles litigios judiciales.  

Vega gana tranquilidad y Mina Pública mantiene su actividad en la ciudad tras el acuerdo en que se renueva la colaboración público-privada. Aunque ante la ciudadanía y, lo más importante, los partidos de la oposición, se defiende que la municipalización del agua ha sido un éxito. Hay un cambio en el modelo de concesión y la subcontratación de los servicios actuales.