Terrassa choca con la burocracia en la municipalización del agua

El proceso iniciado por el Ayuntamiento de Terrassa para cambiar el modelo de gestión del servicio del agua y apostar por una empresa pública se ha enredado en la burocracia. La Dirección General de Administración Local de la Generalitat le ha recordado al consistorio encabezado por el socialista Alfredo Vega que el trámite administrativo que facilita el nuevo modelo concesional no concluye en el municipio. Requiere de varias acciones que van más allá de la validación en el pleno de la corporación.

La subdirectora general de Asistencia Jurídica y Régimen Local, Àngels Canals, remitió a finales de junio al consistorio un escrito en el que detalla al equipo de Gobierno los trámites que debe completar en la “fase posmunicipal” del “proceso de municipalización” iniciado. El primero de ellos será la “solicitud y emisión de informe por parte de la Comisión Jurídica Asesora”.

Cubrirse ante posibles litigios

Se trata de una valoración que la Generalitat considera imprescindible para concluir con el cambio de operador y que, hasta la fecha, no se ha cursado. El objetivo es que la Administración se cubra las espaldas ante posibles litigios que se mantengan en el futuro, tal y como indican los expertos en derecho público consultados.

Los jurídicos de la Generalitat analizarán desde el acuerdo del pleno que inició el expediente hasta las alegaciones presentas en el proyecto, las respuestas que el Gobierno haya dado y todas las memorias justificativas que sustentan la “conveniencia y oportunidad de la municipalización del servicio público de abastecimiento domiciliario”. Todo ello, en base a “criterios de rentabilidad económica y recuperación de la inversión”.

Requiere un informe al secretario municipal sobre la validez de la tramitación en el consistorio y que se pida formalmente la aprobación del expediente al Gobierno catalán. Además, el alcalde debe requerir por escrito el dictamen jurídico que avalará el cambio en el modelo de concesión a la consejera de Presidencia, Elsa Artadi.

Sistema de monopolio

La Generalitat también deja claro que esta tramitación debe incluir un documento de la Autoridad Catalana de la Competencia. Da por sentado que el Ayuntamiento de Terrassa apuesta por un “procedimiento de municipalización del servicio de abastecimiento del agua en régimen de monopolio mediante el sistema de prestación directa”, cuestión polémica en el municipio barcelonés.

El equipo de Gobierno local ha considerado que, hasta la fecha, no necesitaba dicho informe porque “no se ha creado ningún servicio” que impacte en el mercado. Esta ha sido la respuesta que ha dado a los tres requerimientos remitidos por los responsables de la competencia en Cataluña sobre su necesaria participación en el proceso.

Informe de competencia

El argumento municipal es que solo se había tramitado un “cambio de modelo” en una concesión del agua que ya existe y que no se apuesta por un monopolio, sino porque un operador público de nueva creación asuma el servicio. La justificación choca con los criterios de la Generalitat.

Para el Gobierno de Terrassa, la solicitud era un paso más del expediente de aprobación definitiva que se debía tramitar más adelante con la Agencia Catalana del Agua (ACA). Según la Dirección General de Administración Local, es una de las cuestiones que se contemplarán en la valoración que realice ahora la Comisión Jurídica Asesora.

Incumplimiento del calendario

Vega no podrá poner en marcha hasta que obtenga una respuesta de este organismo público. Además, deberá esperar el “acuerdo definitivo del Gobierno de la Generalitat de Cataluña” que se dará en el “plazo de tres meses”. Hecho que choca con el calendario que se ha publicitado sobre la entrada en funcionamiento de Terrassa Cicle de l’Aigua (EPEL), la sociedad de nueva creación que será de titularidad 100% pública.

La actual concesionaria del servicio, Mina Pública de Terrassa, tiene una prórroga vigente del servicio hasta el próximo 9 de diciembre. Hecho que implica que el día 10 de ese mes el nuevo operador debería estar ya al frente del servicio. Los juristas consultados indican que es complejo que los trámites oficiales que faltan en el proceso de municipalización se completen en poco más de cinco meses.

Litigio

Ha sido la actual concesionaria del servicio la que ha requerido al departamento de Presidencia que se pronunciaría sobre la burocracia requerida en el cambio de operador. Lo hizo tras la aprobación del pleno del pasado 22 de marzo de que una empresa pública tomara su testigo al frente del servicio del agua.

Si el Ayuntamiento de Terrassa no completa los formalismos detallados por la Dirección General de Administración Local, se abriría la puerta al primer contencioso-administrativo de la municipalización.