Las negociaciones que mantienen el Gobierno y Podemos para encauzar los presupuestos del ejercicio 2019 empiezan a dar sus frutos. Así, este miércoles la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, adelantaba, en declaraciones en el Congreso, que la banca y las empresas que se dedican a la exploración de yacimientos de hidrocarburos pagarán un tipo mínimo del 18% en el Impuesto sobre Sociedades, frente al 15% que gravará al resto de grandes empresas.
La ministra indicaba que actualmente los bancos y las petroleras están gravadas con un tipo incrementado del 30% en este impuesto, frente al 25% que sufragan el resto de entidades, por lo que también tendrán un tipo más alto en la reforma que está negociando el Gobierno con Unidos Podemos.
Presupuestos, en octubre a Bruselas
Según Montero, el Gobierno mantiene en el 15% el tipo mínimo que pagarán las grandes empresas y los grupos consolidados en el Impuesto sobre Sociedades, pero añadió que aquellas empresas --bancos y petroleras-- que ya están pagando más por este impuesto (un 30%), pagarán también algo más tras la reforma. "Yo creo que cerraremos el paquete de fiscalidad en un plazo breve", reiteró la ministra.
Montero reiteró, una vez más, que el Gobierno va a presentar a finales de noviembre los Presupuestos de 2019, y afirmó que previamente, a mediados de octubre, remitirá a Bruselas el proyecto presupuestario, que Hacienda está elaborando de dos maneras diferentes, dependiendo de si finalmente la tramitación de la nueva senda de déficit está ya avanzada en el Congreso o si por el contrario, como todo apunta, no se puede incorporar dicha senda.
Recorte de servicios públicos por veto a la senda de déficit
Tras la decisión de la Mesa del Congreso de rechazar la enmienda que había presentado el PSOE a la ley contra la violencia de género para levantar el veto del Senado a los objetivos de déficit, parece muy improbable que el Gobierno pueda elaborar los Presupuestos con la nueva senda.
Montero dijo que lo que han hecho PP y Ciudadanos no es ocasionarle un problema al Gobierno, sino a todos los ciudadanos porque el recorte lo sufrirán los servicios públicos gestionados por las comunidades y la Seguridad Social.
Así, aseguró que de los 6.000 millones de euros adicionales con la nueva senda de déficit, sólo 1.000 millones afectan al Estado y los otros 5.000 se reparten a partes iguales entre las comunidades y la Seguridad Social, de tal manera que el Gobierno puede "absorber" con facilidad estos 1.000 millones retocando la fiscalidad, pero los 5.000 millones de las otras administraciones "no se pueden suplir si no hay nueva senda".