La actividad de extracción de potasa que realiza la multinacional israelí ICL a través de Iberpotash se acerca a una nueva pugna judicial con entidades ecologistas y vecinales de la comarca del Bages (Barcelona). El enésimo conflicto en los tribunales que se perfila tiene su origen en dos decisiones que han salido a la luz en las últimas semanas: la resolución unilateral por parte de la compañía del acuerdo que mantenía con AzkoNobel para valorizar los residuos salinos, un problema capital para la zona, y la aprobación definitiva del Plan Director Urbanístico (PDU) de la actividad minera por parte de la Generalitat.

La plataforma Prou Sal ha sido la primera en dar un paso al frente. Ha hecho público un comunicado en el que exige a los responsables de la compañía que den explicaciones sobre qué piensan hacer con las toneladas de sal que obtengan con la extracción. Por el momento, los responsables de Iberpotash han decidido mantener el perfil bajo sobre la resolución del acuerdo de colaboración con los holandeses.

AzkoNobel pide el arbitraje

De entrada, no ha sido una ruptura demasiado amistosa. Iberpotash la anunció en un apunte menor en el informe de resultados del segundo trimestre de la matriz israelí del grupo. AzkoNobel, por su parte, ha anunciado que iniciará un arbitraje internacional para que se indique la validez de la resolución. ICL justifica que no se cumplían las condiciones establecidas en el acuerdo original y que ha activado una cláusula del pacto que permitía invalidarlo como muy tarde el 1 de julio de 2018. La usaron casi en tiempo de descuento.

¿Qué subyace de este conflicto? Los críticos con el trabajo de la minera señalan que la transformación de los residuos salinos en sal vacuum que tenía que comercializar la firma holandesa ha fracasado. Encienden las alarmas porque esa era la base del Plan Phoenix, la hoja de ruta que Iberpotash presentó para acabar con el almacenaje en las escombreras de Cogulló y Fusteret de Sallent y Súria, respectivamente. El problema de contaminación de la zona.

De hecho, las complicaciones medioambientales llevaron en el pasado a la evacuación de un barrio entero del primer municipio, el más expuesto a la montaña de sal, por las afectaciones en los edificios. Con el consiguiente impacto en la salud.

Falta de calidad del producto

ICL construyó la primera planta de valorización, que ya está en marcha, en Súria. Los mismos interlocutores apuntan que su diseño no estaba enfocado a tratar los residuos hasta poder llegar a la obtención de sal vacuum. No se alcanzan los estándares para obtener productos por las impurezas que quedan al final del proceso.

AzkoNobel se queda sin el material que lo ha convertido en uno de los principales actores del sector en el centro y el norte de Europa. La sal que se recupera en esa factoría sólo se puede usar para el deshielo de carreteras, un segmento de actividad con menores márgenes que los usos químicos y para procesos industriales. Es decir, pone en duda la rentabilidad del Plan Phoneix al hacer saltar por los aires sus proyecciones económicas.

Ordenamiento urbanístico del Govern

La inquietud de las organizaciones ha crecido también al peinar el ordenamiento urbanístico que ha aprobado la Generalitat. La Consejería de Territorio y Sostenibilidad, encabezada por Damià Calvet, da el visto bueno a ICL para construir una segunda planta de valorización en Sallent que debe actuar sobre los residuos que se han acumulado de forma histórica en el Cogulló.

Recuerda que el 30 de junio de 2019 la empresa deberá cesar los vertidos en la escombrera, ya que no podrá conseguir una nueva prórroga --la última ya fue extremadamente polémica-- y que deberá empezar su valorización. La sal acumulada allí durante años convierte el Cogulló en la montaña más alta de la comarca.

Cese de actividad en Sallent

En esa fecha también se deberá cesar la actividad minera de Sallent por mandato judicial, ya que se demostró que era muy nociva para la zona. Iberpotash centralizará la extracción de potasa en la mina de Súria, donde ultima la construcción de una rampa que permitirá ampliar la actividad extractiva. Esta infraestructura ha sido un dolor de cabeza para los israelíes. Debía estar en marcha el verano pasado, pero los problemas al proyectarla y en las obras han retrasado todo el proyecto industrial del grupo.

Las críticas de los ecologistas sobre el ordenamiento urbanístico de la Generalitat se dirigen a una adenda de la comisión territorial de urbanismo de la Cataluña central. Ha aprobado ampliar el depósito de sal de Fusteret, el de Súria, de las 15,16 hectáreas actuales a 48,30 hectáreas. Para los críticos, es la mayor demostración de que el Gobierno catalán pone la alfombra roja a que se continúe con un vertido con efectos nocivos en el medio ambiente (entre otras cuestiones, contamina los acuíferos de la zona) y deja en el aire todo el plan de valorización. Es decir, de cesar con la proliferación de los residuos.

Trámites burocráticos

Los portavoces de Territorio indican que la eliminación del objetivo de cesar con el vertido de sal de la ordenación denunciada ha sido autorizada en trámites anteriores. Todos ellos han superado el periodo de alegaciones y cuentan con las autorizaciones ambientales pertinentes. En cuanto a la autorización a Iberpotash de prolongar hasta finales de la concesión la obligación de valorizar la sal, otro de los apartados de este plan, explican que también es una cuestión que ha superado con éxito los trámites burocráticos previstos.

El nuevo PDU se anunció la semana pasada pero, hasta el viernes, no se había publicado en el DOGC (este lunes no había por la festividad de La Mercè en Barcelona). Los mismos interlocutores del Govern afirman que se oficializará en los próximos días. Será a partir de este momento cuando se podrán plantear los recursos contenciosos administrativos correspondientes ante el TSJC.

Trasfondo laboral

El conflicto también tiene un trasfondo laboral. La actividad minera es “estratégica” para la ocupación en el Bages, tal y como indica la Generalitat. Da empleo a 400 trabajadores directos y se calcula que llega a los 4.000 de forma indirecta. El cese de actividad pone en peligro la base económica de la zona, cuestión que choca con los efectos ambientales de la actividad.