La Escuela de Hostelería de Castelldefels está al límite desde el punto de vista económico. Este centro, considerado uno de los de mayor calidad de la comarca del Baix Llobregat (Barcelona), impulsa cada año programas de formación profesional en los que participan entre 400 y 600 desempleados. Su reinserción es del 95% en compañías de la zona, según la valoración del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). Pero el mismo organismo público que aplaude su buen hacer la lleva a la asfixia económica al acumular facturas impagadas por un valor total de 890.000 euros, tal y como denuncian sus responsables.

Su presidente, Manuel Ángel Ortiz, explica que la asociación acumula deudas de la Generalitat desde 2010. Indica que se han visto obligados a dotarse de una infraestructura financiera impropia de su dimensión que incluye tres pólizas bancarias, una de 300.000 euros y otras dos de 100.000 euros cada una, para poder eludir el colapso. El problema es que todos estos instrumentos están al descubierto y desde el Gobierno catalán no le dan un calendario exacto de cuándo se abonarán los impagos.

Galimatías burocrático

Los portavoces del SOC afirman de que antes de que termine el año se pagarán todas las facturas pendientes de los ejercicios 2013, 2014 y 2015. Niegan que arrastren importes de convocatorias anteriores y justifican los retrasos al galimatías burocrático que implica la estructura de los cursos de formación profesional.

Este embrollo llevó a un cambio en el sistema a partir de 2016, aunque tampoco se ha liquidado los cursos que se promovieron en ese ejercicio. Antes de la modificación, el organismo público devengaba entre el 60% y el 80% de los costes de ejecución de los programa educativos que se impartían en alguno de los centros asociados, como el Gremio de Hostelería de Castelldefels, antes de su inicio.

Validación de la formación

La entidad debía justificar una vez había terminado tanto los alumnos que habían asistido a clase como el coste del profesorado, el material que se había usado o el alquiler de las clases, entre otros gastos. La Generalitat recibía toda esta documentación y los interventores del SOC validaban cada una de las facturas aportadas.

Si eran correctas, abonaban el sobrante del coste del programa que ya había avanzado la organización. El plan inicial era liquidar la deuda contraída a lo largo del año siguiente del curso, pero se ha incumplido como mínimo en los últimos cinco ejercicios.

Facturas de 2016 y 2017

A partir de 2016 se intentó facilitar los procesos. El SOC designó a interventores para los centros en los que se impartían los cursos a desocupados. Se encargaban de controlar que las formaciones aprobadas cumplieran las ratios tanto de beneficiarios como de nivel educativo. También creó la figura del verificador que validaba todos estos datos. Eliminó la justificación mediante facturas.  

Los mismos interlocutores de la Generalitat indican que el compromiso es abonar el coste de esta campaña para formar a desempleados a principios de 2019. De nuevo, no se ha designado una fecha concreta para la liquidación y son las entidades que se han encargado de las formaciones las que soportan los impagos en su contabilidad.

Campaña de 2018

Tampoco se ha abonado los cursos de 2017, aunque en este caso porque están en plena fase de ejecución. Desde el SOC detallan que los programas formativos que se aprueban en un año se imparten a lo largo del siguiente. De hecho, están a punto de abrir la convocatoria para la campaña de 2018.

El gremio de Castelldefels ha dado un paso atrás y ha anunciado que no participarán en este programa. Su presidente manifiesta que los asociados se han visto obligados a realizar aportaciones extraordinarias para cubrir los descubiertos que les ha generado la política del SOC. Otra medida para eludir el concurso de acreedores, aunque se advierte de que sin una solución a corto plazo para mejorar los estados financieros de la organización se llegará de forma inevitable a la quiebra.

Negociaciones con el Govern

Ha llevado la situación que vive la organización ante el Gobierno catalán, los responsables del SOC, los partidos de la oposición en el Parlament y el Ayuntamiento de Castelldefels. “Todos nos han recibido con muy buenas palabras, pero nadie nos ha dado una solución”, lamenta.

Trabajan en Pimec, la patronal que ha centralizado las quejas de varias organizaciones de un perfil similar que también están aquejadas por el mismo problema.

‘Triquiñuelas’ contables del SOC

El responsable del gremio también acusa al Ejecutivo de impulsar triquiñuelas para evitar reconocer a cuánto asciende la deuda total del SOC con los centros que forman a parados. Relata su caso particular. El gremio impulsó una auditoría en diciembre para saber el alcance total del agujero que soportaba su contabilidad. Se llevaron una sorpresa desagradable al ver que en la Generalitat sólo se les reconocía impagos por valor de 220.000 euros.

¿A qué se debe esta diferencia? “El Govern no computa como deuda los cursos a desempleados que se han ejecutado hasta que no ha completado el proceso de validación”, señala el ejecutivo. Considera que esta maniobra roza la ilegalidad, ya que la formación ha sido aprobada en su totalidad y responde a una convocatoria pública con una dotación económica establecida.

“Nosotros sólo queremos saber dónde ha ido a parar este dinero y que se nos abonen las facturas pendientes”, sentencia. Por ahora, nadie del Ejecutivo catalán le ha respondido a la cuestión.