Cataluña está en la antesala de un otoño caliente. Así lo han anunciado los políticos independentistas, aunque otra reivindicación de perfil más laboral empaña los planes del Gobierno de Quim Torra. Los trabajadores del sector público han advertido de que abrirán un conflicto si la Generalitat no responde a las demandas salariales que hace años que han puesto sobre la mesa. Consideran básicas reclamaciones como la devolución de las pagas extraordinarias de 2013 y 2014, que aún están pendientes de devengar en Cataluña a pesar de las múltiples promesas al respecto.

Los sindicatos de sector han dado un golpe sobre la mesa. Este martes han ofrecido un avance de las protestas que tienen previsto impulsar si el Ejecutivo catalán no les da garantías explícitas de que mejorará su situación económica.

Torra dispone de dos semanas de margen para definir una hoja de ruta que contente a los representantes de los trabajadores. Si falla en abrir la negociación, será más complejo que nunca desenrocar el debate. Y es que ha irrumpido otro elemento que no se había tenido en cuenta hasta ahora: las elecciones sindicales que el sector público celebrará entre finales de febrero y principios de marzo de 2019.

CCOO, UGT, Intersindical y CSIF

Se trata de unos comicios clave para el sindicalismo en Cataluña. CCOO y UGT de Cataluña se han repartido la hegemonía en las relaciones con los trabajadores hasta la fecha, con la presencia de organizaciones menores como USOC u otras corporativas. Pero en la situación política ha dado alas al avance de dos entidades antagónicas en este plano, Intersindical-CSC y CSIF. Y es justamente en el sector público donde se espera que consigan mayores cuotas de representatividad. 

El primero, convocante de los dos paros de país que se celebraron en 2017, es una organización independentista que se promueve desde el entorno de Carles Puigdemont. Ya está presente en la mesa de la función pública ya que tenía una incidencia destacada entre la comunidad educativa a través de USTEC, pero se espera que sus posiciones políticas le den alas en los próximos meses.

Cambios sindicales

CSIF tiene representación en mesas concretas como la del personal técnico o el de justica. En su caso, el avance se prevé que lo obtenga al hacer bandera de que su organización es la única netamente no partidista. Además de contar con la fortaleza que tiene a nivel estatal. Cabe tener en cuenta que nació para defender los derechos del sector público, por lo que este es su ámbito de referencia.

Hay coincidencia en que CCOO y UGT mantendrán su liderazgo sindical, pero incluso desde el seno de las organizaciones se admite de que perderán delegados en el nuevo panorama que se dibuja tras los comicios. Los empleados públicos están llamados a las urnas entre febrero y marzo, pero el resto de sectores profesionales deberán hacer lo propio en los meses sucesivos. El nuevo mapa sindical catalán se conocerá a principios de 2020.

Mejoras reales para los trabajadores

El responsable del sector público en CCOO, Joan María Sentís, señalan que las elecciones son un “riesgo” para la negociación con la Generalitat que intentan promover. “Lleva a que salgan posiciones que a veces son maximalismos verbales para ganar votos pero que no resuelven la situación”, indica.

La hoja de ruta que se seguirá en el sindicato, añade, es el de revertir los recortes en las retribuciones a los trabajadores públicos que la Generalitat aplica desde 2010. Afirma que la reunión de la mesa general del sector que ha tenido lugar este martes ha sido casi un encuentro para saludarse, ya que declina que las iniciativas expuestas por el Govern representen mejoras para los trabajadores.

Mejoras estatales

Igual que UGT, asegura que el Ejecutivo se ha limitado a “ratificar” el pacto que estatal para incrementar los salarios y rectificar decisiones que se tomaron en medio de la recesión, como la de no pagar el 100% del salario en las bajas laborales. Los sindicatos advierten de que estas mejoras forman parte de un avance laboral en todo el país y que la implementación es obligatoria, ya que afecta a la base de las retribuciones. Por todo ello, concluyen que la Generalitat no se puede colgar la medalla.

Además de devolver las pagas atrasadas, los sindicatos también han pedido que se abonen las horas extra de trabajo a colectivos como Mossos d’Esquadra o funcionarios de justicia. Además de avanzar en los llamados fondos de acción social que desaparecieron durante la crisis. El Gobierno catalán dispone de tiempo hasta principios de octubre para atender las reclamaciones.