El Gobierno catalán ha avanzado que el próximo martes publicará finalmente el decreto ley que marcará el inicio de las elecciones a las 13 cámaras de comercio de Cataluña. La norma con la que empezó a trabar Felip Puig cuando era consejero de Empresa y Ocupación y que acumula años de retraso por los sucesivos cambios en el Govern. Pero cuando finalmente se ha perfilado un calendario para los comicios, los primeros apuntes al respecto han generado un incendio el las organizaciones.

Àngels Chacón, la actual titular de la cartera de Empresa y Conocimiento, avanzó al diario Ara que en el proceso electoral primaría el voto electrónico. Las organizaciones de dinamización empresarial territorial llevan años mostrando su rechazo a la iniciativa. Se ha advertido tanto al actual equipo de la consejería como al de Santi Vila y al de Jordi Baiget, los predecesores en el cargo, de que sin la habilitación de un certificado digital específico para los comicios las elecciones toman el camino de la impugnación.

Impugnar el reglamento

De hecho, desde algunas organizaciones territoriales ya se ha hecho un amago de impugnación del reglamento incluso antes de su publicación oficial. Se indica que genera una inseguridad jurídica sin precedentes que ya se ha detallado en varias ocasiones a la Generalitat.

En este sentido, los implicados en la negociación sobre las elecciones a las 13 cámaras catalanas lamentan que el diálogo con la Generalitat ha sido insuficiente. Se indica que los sucesivos avances electorales y los consecuentes cambios de interlocutores han ido en contra de la calidad del proceso.

Nombrar a un auditor

La respuesta de la Generalitat a esta demanda de los agentes económicos ha sido avanzar que se quiere adjudicar los trabajos de un auditor para que dé garantías al proceso. Cuestión que también ha generado el rechazo frontal de las organizaciones.

Manifiestan que con los tres escasos meses que quedan para acabar el año, el calendario de celebración de las elecciones, no hay tiempo material para desarrollar un verdadero sistema de acreditación de los votos que se han generado. Y que echar mano a otras identificaciones empresariales, como la firma electrónica o la profesional, facilita la suplantación de identidad y el control externo de bolsas de votos por parte de gestores de actividad que cuestionan todo el proceso.

Apoyos de los candidatos y voto por correo

Además de dejar claro al Gobierno catalán de que no quieren asumir las responsabilidades y consecuencias, también económicas, de organizar un proceso que está abocado a los litigios, ponen el acento a otras aristas de la normativa que se dará a conocer el próximo martes. Como la necesidad de que los candidatos que concurren cuenten con unos apoyos mínimos, los 10 avales que tradicionalmente se reclamaban de sectores de actividad.

Asimismo, se recuerda que tanto el voto presencial como el voto por correo están reconocidos por la ley básica que regula el sector en procesos electorales. Es decir, que la Generalitat no puede prescindir de ellos. Sería también materia de más impugnaciones.

Las fuentes consultadas aseguran que la inexperiencia de los actuales gestores del Gobierno catalán pesa a la hora de definir los detalles del reglamento. Piden que se replantee por los problemas que podría generar en unos comicios que se deberían haber celebrado hace años.