Así compra un moroso un aeropuerto con el dinero de una sentencia

En el proceso de adjudicación del aeropuerto de Ciudad Real, en el marco del concurso de acreedores iniciado hace ocho años, todo ha resultado de lo más rocambolesco. Y su aparente final ha estado a la altura.

Un sorprendente auto judicial que ha permitido cerrar el culebrón con el pago del aeródromo con el dinero que, en virtud de una sentencia, debe abonar el Gobierno de Baleares al moroso empresario madrileño Rafael Gómez Arribas.

Tres empresas en el listado de morosos de Hacienda

Junto a este, con tres de sus empresas incluidas en el último listado de morosos de la Agencia Tributaria --Reformas de Pisos, Realizaciones de Piso Tienda y Promociones Urbitres-- y con deudas conjuntas de 16,2 millones de euros, el gran protagonista de este truculento proceso de adjudicación ha sido el magistrado Carmelo Ordóñez.

El titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 y de lo Mercantil de Ciudad Real que, en abril de 2016, adjudicaba provisionalmente a la sociedad Ciudad Real International Airport (CRIA) el aeropuerto manchego por 56 millones de euros.

Carmelo Ordóñez, cuarto juez del concurso

Unos meses antes se había convertido en el cuarto juez encargado del proceso concursal, que se había iniciado en 2010 tras entrar en quiebra la sociedad CR Aeropuertos, con una deuda de casi 300 millones de euros.

Desde el mismo momento de esa adjudicación provisional, la incredulidad fue la nota dominante. Por los intentos previos fallidos y por la nueva sociedad adjudicataria.

CRIA, dedicada al alquiler de vehículos y con un testaferro inicial

CRIA se había constituido dos años antes con un capital de 3.000 euros y tenía como dedicación principal el alquiler de vehículos con o sin conductor, incluidas las tareas de reparación y mantenimiento, lavado y engrase, así como la compraventa, importación y exportación de vehículos, componentes y accesorios.

Por si fuera poco, Gómez Arribas decidía mantenerse inicialmente en segundo plano en este asunto. Por ello, la consignación de 1,87 millones de euros por el aval del 5% de la adjudicación provisional la llevaba a cabo a través de un testaferro. Eduardo Martínez Pérez, único procurador del despacho madrileño de abogados Martínez-Ferrando y Calvo, y colocado por Gómez Arribas como socio único de CRIA.

Incumplimientos del empresario y prórrogas del juez

Desde entonces, y ya con Gómez Arribas al pie del cañón tras la entrega del aval, dos circunstancias se han simultaneado durante los dos últimos años. Un sinfín de incumplimientos en los plazos para abonar, por parte de CRIA, la totalidad de los 56 millones de euros, y la respuesta del juez Ordóñez a estos incumplimientos con el otorgamiento de varias prórrogas a la sociedad controlada por Gómez Arribas confiando en que, en algún momento, cumpliera con el pago comprometido.

En la última de estas prórrogas --la concedida por el magistrado el pasado 2 de abril-- se fijaba el 19 del mismo mes como fecha improrrogable para que CRIA pagara.

Round Shield, el fondo que no apareció

Llegado el día, el empresario tuvo que reconocer públicamente que el dinero no había llegado porque el fondo británico Round Shield, con el que habían estado negociando para que aportara los 53,5 millones que faltaban, había dado la espantada.

En ese momento, todo parecía apuntar a que el expediente quedaba resuelto y la adjudicación provisional anulada. Pero no fue así. El empresario pidió al juez una última oportunidad, y el magistrado aceptó.

Último hito, o no, del culebrón

Al final, este martes se conocía por dónde iban los tiros. El magistrado daba su visto bueno a la propuesta de Gómez Arribas y declaraba finalizado el proceso de venta del aeropuerto de Ciudad Real. Aceptaba una cesión de crédito correspondiente a una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB), como forma de pago del aeródromo por parte de CRIA de los 53,39 millones que restan por abonar.

Dicha cesión del crédito proviene de la sentencia firme de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJB, por la que se condena a la Comunidad Autónoma de Baleares a pagar 87 millones de euros (cerca de 65 millones de euros de principal, más 22 de intereses desde mayo de 2009) al administrador de CRIA, a raíz de un procedimiento contencioso-administrativo que se dirimía en sede judicial. Se trataba de una promoción en Ibiza que, una vez iniciada, fue paralizada por anularse la licencia de obra.

Baleares debe aceptar el pago y garantizar el abono

No obstante, no está todo el asunto cerrado. Antes del 30 de septiembre, el Gobierno de Baleares debe responder al juzgado para aceptar el pago de la condena dineraria y garantizar su abono, como muy tarde, el 31 de diciembre de 2019.

Si el Ejecutivo balear, presidido por Francina Armengol, contesta afirmativamente al oficio remitido por el juez antes del 30 de septiembre, la administración concursal y la compradora, CRIA, deberán comparecer en el plazo máximo de cinco días en la notaría para la firma de la escritura pública de compraventa. Y, una vez publicado en el Boletín Oficial del Estado, CR International Airport ostentará la condición de compradora, promotora y gestora del aeropuerto de Ciudad Real.

Alegaciones y prelación de cobro

En su auto, el juez expone que han sido 11 las alegaciones presentadas a la propuesta de pago de CRIA, dos que corresponden a acreedores que se han mostrado contrarias y, el resto --incluyendo la administración concursal--, la empresa concursada y los tres acreedores más relevantes por los importes de crédito contra la masa del concurso reconocidos, que han aceptado la propuesta de pago.

Respecto a la prelación en el cobro, el juez establece que, en primer lugar, las cantidades percibidas de la cesión del crédito serán para pagar la compra del aeropuerto. En segundo lugar, para hacer frente a las deudas con Hacienda que tenga pendiente CRIA y el resto servirá de liquidez para la puesta en marcha del aeródromo.