El gobierno municipal de Barcelona, que comanda Ada Colau, se ha visto obligado a congelar de nuevo la aprobación de las bases del mayor contrato de la ciudad. El equipo de gobierno de la alcaldesa ha pinchado con la adjudicación de la limpieza urbana y recogida de basuras, con un presupuesto de 2.500 millones, ya que la ha tenido que retirar del pleno por falta de consenso con la oposición.

La marcha atrás de Barcelona en Comú (BComú) de hoy con el macrocontrato de basuras supone un nuevo revés para el Ejecutivo local. En abril, el gobierno municipal ya tuvo que desistir de aprobar las bases de contratación por el rechazo mayoritario de los grupos de la oposición. El hecho se repite ahora con un nuevo elemento preocupante: la contrata actual vence a final de año, por lo que el equipo de Colau tiene menos tiempo para negociar con la oposición unas plicas que satisfagan a todos los grupos.

10% del presupuesto cada año

Cabe recordar que la licitación de la limpieza urbana y la recogida de residuos de Barcelona es la contrata que debe sustituir la actual adjudicación, que retiene Fomento de Construcciones y Contratas (FCC). El contrato público regirá de 2019 a 2027 y estará dividido en cuatro lotes por valor de 2.456 millones de euros, una cifra que se comerá el 10% del presupuesto municipal cada año.

Estos fondos servirán, en teoria, para implementar un sistema inteligente de recogida de basuras. Se entregarán tarjetas a los vecinos para abrir a los contenedores, se colocarán chips de leído en los mismos recipientes para avisar a los camiones y se prevé la extensión de la recogida puerta a puerta, que ya funciona en algunos barrios como Sarrià.

No se municipalizará

La apuesta por la innovación no ha convencido a la oposición. Los grupos siguen pidiendo mejoras y más concreción en el macrocontrato, una estructura que permita incrementar la recogida selectiva de residuos y nuevas tecnologías en el servicio.

Algunos grupos también han retado en tono irónico al equipo de gobierno de Ada Colau a intentar remunicipalizar el servicio, como ha tratado con hacer con otras infraestructuras como el agua. No obstante, el estado de las cuentas municipales no permite hacerlo, por lo que la concejalía de Urbanismo y Ecología Urbana, que dirige Janet Sanz, ni siquiera lo ha propuesto.