Un cuarto de siglo después, la maldita Operación Chamartín en Madrid sigue esperando que se otorgue la luz verde definitiva para iniciar un proyecto que, durante todo este tiempo, ha cambiado tanto que hasta su promotor inicial, la sociedad Desarrollo Urbanístico Chamartín (DUCH) tuvo que modificar de denominación en 2015, a la actual Distrito Castellana Norte (DCN). Sociedad redenominada, pero con los mismos socios, el BBVA, con el 75%, y la constructora San José, con el 25% restante.
Tanta ha sido la demora que podría hacerse una exposición con las fotografías de todos los responsables políticos por cuyas manos ha pasado el proyecto. Un ya largo listado de ministros, alcaldes y presidentes del Ejecutivo regional. El exministro de Fomento Íñigo de la Serna ha sido el último damnificado que este proyecto ha engullido.
Ábalos, el último 'invitado'
El pasado mes de abril, el ya exministro –sustituido en el cargo por el socialista José Luis Ábalos hace mes y medio-- ponía sobre la mesa los nuevos plazos para aprobar la modificación puntal del plan general que permita desarrollar el proyecto Madrid Nuevo Norte, que en poco se parece al inicialmente diseñado por el BBVA y San José hace un cuarto de siglo. Con el último recorte, el desarrollo ha reducido la edificabilidad un 30%, en torno a unos 700.000 metros cuadrados.
Un timing que pasaba por la aprobación inicial de la modificación urbanística este mismo mes de julio, por parte de la junta de gobierno del Ayuntamiento de Madrid, presidido por Manuela Carmena. Y que, a partir de ahí, se diera el visto bueno definitivo, por parte de la Comunidad de Madrid, antes de que, en mayo de 2019, se celebren las elecciones municipales y autonómicas.
En DCN cruzan los dedos
Desde Distrito Castellana Norte (DCN) hacen de tripas corazón para que, aunque sea a última hora, la junta de gobierno municipal apruebe inicialmente el primer hito de la tramitación.
“Nos consta que están haciendo todo lo posible para que así sea”, señalan desde la empresa que preside Antonio Béjar, quien, en los últimos meses, ha mostrado su inquietud ante la posibilidad de que, de nuevo, se incumplan los compromisos adquiridos. En esta ocasión, los que se sellaron en el acuerdo firmado hace un año entre las partes implicadas.
En julio o ya en septiembre
Desde el ayuntamiento también esperan que la aprobación inicial del proyecto Madrid Nuevo Norte, aunque sea in extremis, salga adelante en alguna de las dos juntas de gobierno que restan de celebrarse en lo que queda de julio. La de este jueves 19 o la de dentro de una semana, la prevista para el día 26.
De no producirse, y con agosto de por medio, habría que esperar a septiembre. Nueva demora que ni siquiera descarta José Manuel Calvo, el concejal responsable de Desarrollo Urbano Sostenible en Madrid.
Trabas pendientes
Aunque los desencuentros han sido muchos durante toda la legislatura, ahora, en el tramo final de la misma, la buena sintonía parece presidir las relaciones entre las administraciones implicadas y los promotores. No obstante, la salida adelante del proyecto no está exenta de algunos reveses, que, en principio, no parecen entrañar un excesivo riesgo para que el desarrollo pueda definitivamente ponerse en marcha.
Entre ellos, el que supone la postura contraria que mantienen los concejales anticapitalistas que integran la coalición de gobierno que sustenta a Carmena. Calvo se mostraba convencido hace unos días de que esta oposición no supondría ningún obstáculo para que el ayuntamiento, a finales de año, pueda aprobar provisionalmente el desarrollo, como paso previo para que la Comunidad de Madrid lo ratifique definitivamente.
Precisamente, el gobierno regional que, tras la salida de Cristina Cifuentes, preside Ángel Garrido. Del Ejecutivo regional debe evacuarse el informe medioambiental con el que debe contar el Ayuntamiento de Madrid para aprobar inicialmente la modificación del desarrollo.
Los reversionistas vuelven a la palestra
Tampoco han dicho la última palabra en esta historia los reversionistas. Los herederos de los propietarios que hace décadas fueron expropiados por el Estado para construir la estación de Chamartín y tender el haz de vías ferroviario.
Una brecha jurídica a la que se acaba de aferrar Trinitario Casanova, el empresario cazagangas que, a cambio de 1,2 millones de euros, se ha hecho con los derechos de reversión sobre 1,2 millones de metros cuadrados. Los valora en 400 millones, confiando en hacerlos efectivos una vez que Adif lleve a cabo la preceptiva desafección de dominio público de los terrenos. La sociedad pública lleva un cuarto de siglo esperando cobrar más de 1.000 millones de euros por los terrenos.
El asunto, salvo que el BBVA y Casanova lleguen a un acuerdo –evidentemente por mucho menos de esos 400 millones de euros--, podría enredarse en los tribunales. Aunque en 2012 hubo una sentencia del Tribunal Supremo, que rechazaba el derecho de los reversionistas, también decía que habría que esperar a que se produjera la desafección tácita de los terrenos para tomar una decisión definitiva al respecto.